"Rechazo que nuestra doctrina sea contraria a los nacionalismos"

"No comparto la opinión de algunos nacionalistas de que la doctrina del Tribunal Constitucional sea demasiado centralista y contraria a los nacionalismos", declaró ayer a este periódico Pedro Cruz Villalón, de 52 años, catedrático de Derecho Constitucional y recién elegido presidente del órgano máximo intérprete de la Constitución. Su preocupación principal es "dar a conocer el tribunal". Pero se muestra reacio a opinar sobre la realidad política o las hipotéticas reformas constitucionales y exquisitamente cuidadoso en no pronunciarse sobre cualquier asunto que, aunque sea remotamente, pudiera llegar algún día al propio Constitucional.A propósito de una pregunta respecto a la posible repercusión de la tregua de ETA sobre el desarrollo constitucional, Cruz Villalón elabora una serie de circunloquios en torno a la conveniencia de que el tribunal se pronuncie a través de sus resoluciones. "Mi idea es ceder la palabra sobre esos temas a una serie de personalidades que no van a tener que pronunciarse jurisdiccionalmente sobre los mismos y dejar que los magistrados y el tribunal hablen por sus resoluciones", dice.

Invitado a utilizar el "sin comentarios" ante preguntas que no desee contestar, el nuevo presidente del Constitucional declina hacer uso del "arbitrario o caprichoso no coment" e insiste en explicar "con la máxima sencillez e incluso espontaneidad", asegura, los motivos por los que no desea hablar de cuestiones como la relativa a la tregua de ETA.

Arbitraje territorial

Respecto al criterio nacionalista de que el Tribunal Constitucional hace una interpretación centralista de la Carta Magna, Cruz Villalón reconoce: "Se trata de una percepción sentida, pero que yo no comparto en lo que tiene de calificativo". Añade que "este tribunal, desde el principio, y a diferencia de otros, se ha caracterizado por asumir una tarea intensísima de arbitraje entre los poderes territoriales". Recuerda la novedad del sistema autonómico implantado por la Constitución y la necesaria ambigüedad del texto de ésta, así como la "excesiva frecuencia con que las fuerzas políticas acudieron al arbitraje del tribunal, ante lo que el Constitucional está inerme". Admite que las interpretaciones de la Constitución "pueden ser distintas", pero que la hecha por el tribunal ha sido "globalmente aceptable, no sé si ésa es la palabra..., o en unos términos perfectamente decentes". Y añade: "Es cierto que las comunidades autónomas con fuerzas nacionalistas en el Gobierno han recibido estas respuestas con una sensación de insatisfacción, pero yo asumo en su conjunto la jurisprudencia constitucional en materia de autonomías. Vamos, que quepo en ella, por utilizar esa expresión" (sonríe).Cruz Villalón echa en falta que la Constitución no mencione a Europa, reconoce el estilo barroco del artículo 2º y cree que la definición del Senado como Cámara de representación territorial es "una fórmula para echar a andar" que debe desarrollarse.

La elección del Congreso de los Diputados que le llevó en 1992 al Constitucional sin los votos del actual partido en el Gobierno, el PP, "evidentemente que no me produce incomodidad", asegura, "porque, aunque no me apoyaran todas las fuerzas políticas, fui apoyado por las tres quintas partes del Congreso, como la Constitución exige".

A Cruz Villalón le "sorprende enormemente" que algunos de sus detractores le acusen de dudar demasiado a la hora de tomar decisiones y, sonriente, dice: "Yo he cumplido con mi deber de incorporarme a todo tipo de resoluciones sometidas al Tribunal Constitucional..., no diré sin titubeos, porque eso sería incompatible con la reflexión, pero sí puedo asegurar que sin un ápice más de coste en la decisión respecto a mis compañeros".

Frente a los retrasos políticos en la renovación del tribunal, sugiere "contar con un grupo sobradamente numeroso de personas altamente cualificadas y, sobre todo, de las que consta su disposición a asumir esta tarea".

Cruz Villalón está dispuesto a impulsar la propuesta, "ya en manos de los responsables políticos", de reducir el número excesivo de recursos de amparo, pero no oculta que si el tribunal limita la defensa de los derechos humanos "pudiera caernos", dice, "una condena de Estrasburgo".

Y concluye: "Pero favorecería que la función, propia sólo de este tribunal, de controlar la ley, pudiera hacerse de modo presentable, lo cual, por desgracia, no ocurre ahora".