Territorio y gobiernoJOAN SUBIRATS

Una de las grandes batallas que se están librando en Cataluña, de manera ruidosa y confusa, es la relacionada con el territorio. Cataluña presenta rasgos de complejidad territorial notable. Pero, a diferencia de lo que uno pueda pensar, esa complejidad no es fruto sólo de la gran desproporción en las densidades de población (el 90% de los catalanes vive en el 10% del territorio) o de las asimetrías orográficas o climáticas, ni tampoco reside en la evidente simplificación de equiparar posición territorial y posición social. Una parte nada desdeñable de esa complejidad surge de la falta de proporcionalidad entre usos y beneficios vinculados al territorio y responsabilidad de gobierno y capacidad de influencia política de ese mismo territorio. Los responsables políticos de Barcelona acostumbran quejarse del uso intensivo de la ciudad por parte de los que vienen de fuera, que ni contribuyen ni asumen responsabilidades por lo que ocurre en ella. Pero también los que gobiernan el Pallars Sobirà o el Empordà han de asumir la invasión semanal de los habitantes de la metrópoli, que lo quieren todo bonito y bien arreglado, sin que tampoco asuman del todo su responsabilidad sobre los costos de ese uso finisemanal. Por no hablar de la evidente dependencia que la ocupación masiva de la costa catalana tiene en relación con la prestación de servicios básicos (agua, energía, equilibrio ambiental...) del retroterra del país. Pocas veces somos conscientes de que el total de habitantes del Alt Urgell, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà y la Vall d"Aran suma más o menos lo mismo que el total de los residentes en Esplugues de Llobregat. Pero sin los recursos de todo tipo que generan esas comarcas, la vida de la gente de Esplugues, como la de muchos otros lugares de la Barcelona metropolitana, sería probablemente bastante más complicada. Pero ese desigual papel en el equilibrio del país y en el desarrollo estratégico y sostenible del mismo no tiene reflejo en la capacidad de influencia, no tiene apenas impacto en los mecanismos de gobernación política del país. Lo que puede estar cada vez más en juego es el equilibrio entre el peso político de la población y el peso político del territorio. Ese equilibrio no depende sólo de una deseable aprobación de una vez por todas de una ley electoral propia, sino que también depende de otras formas de articulación y vertebración política. No creo que la solución sea avanzar en una fórmula como la vasca, en la que todas las provincias tienen idéntica representación parlamentaria. Si bien ello es explicable en el País Vasco por su tradición foralista, muy vinculada a las diputaciones como centros de articulación política territorial sobre las que reposa un Gobierno vasco muy condicionado, en Cataluña no tenemos esa tradición ni pienso que ello redundara en dar respuesta a las inquietudes que han provocado mi reflexión. Sin duda podría pensarse en una fórmula electoral que combinase la llamada opción alemana (que combina la elección directa de parlamentarios en circunscripciones uninominales y la elección de listas basadas en criterios de proporcionalidad) con mecanismos de distribución de escaños entre listas regionales. Los dos elementos (diputados de distrito, mayor presencia de políticos de las zonas menos pobladas en las listas de los partidos) reforzarían la presencia de los intereses del territorio sin menoscabar en exceso la proporcionalidad, que, como es sabido, es uno de los puntos básicos de nuestro sistema electoral (que funciona en régimen de provisionalidad sólo desde 1980). Ahora se otorga una ligera sobrerrepresentación a las provincias de Lleida, Girona y Tarragona en relación con la de Barcelona, sin que esa medida en solitario haya redundado hasta el momento en una presencia significativa de este debate en la sede parlamentaria. Y ello ha sido así porque esa pequeña corrección aislada no resolvía nada, ni en 1980 ni ahora. La cuestión no es tanto dar con una solución mágica como plantearse el problema para entre todos buscar una salida. El problema, desde mi punto de vista, estriba en complementar la influencia y responsabilidad de todo el territorio y de sus habitantes en la gobernación de Cataluña, partiendo del gobierno local (aumento de competencias y de responsabilidades de los municipios), para ir ascendiendo de forma articulada (incentivos para la formación de mancomunidades y consorcios, incremento de las capacidades de gobierno de los entes intermedios: comarcas y regiones) hasta llegar a una representación parlamentaria en que la influencia territorial, utilizando vías como las expuestas, tuviese una expresión clara. La reflexión acerca de revisar la relación población-territorio desde el punto de vista de gobernación política del país, puede ser observada con preocupación desde las posiciones de izquierda ya que se ha tendido a atribuir a la población de las áreas menos densas (normalmente menos industrializadas y con menor tradición política de izquierdas) una tendencia a apoyar a formaciones más conservadoras. El énfasis desde esos sectores se ha puesto siempre en tratar de acercarse lo máximo posible a la idea de que todos los catalanes deberían pesar electoral y políticamente lo mismo, ya que con ello parecían asegurarse mejores rentas políticas partiendo de la hipótesis de que las grandes ciudades votaban progresista. Pero las cosas están cambiando también en eso. Lo cierto es que un acceso más fácil a todo tipo de información, la mayor facilidad de desplazamiento por el país, la creciente influencia y desarrollo de la llamada ciudad difusa, están incrementando el pluralismo político, y si hace años sólo existían candidaturas unio-convergentes en muchos enclaves del país, hoy la penetración de otros partidos en el territorio es significativa, mientras que también es significativa la penetración de conservadores y nacionalistas en espacios urbanos que parecían poco propicios a sus mensajes. Pero mucho más vital que todo ello es que la difusión de las ideas de sostenibilidad penetren en el territorio sin que sean observadas como imposición de aquéllos que una vez destruido su patrimonio natural quieren impedir el desarrollo a los demás tomando como excusa el medio ambiente. Ya que estamos en periodo de repensar cosas, y ya que casi todos opinamos que se está acabando una etapa, propongo en definitiva que busquemos fórmulas nuevas que nos permitan si no resolver, sí tratar de cuadrar un poco mejor la tensión entre representación territorial y representación social. Nos hemos pasado años y años sin resolver el asunto de la articulación territorial del país, unos porque pensaban que lo único importante era consolidar su gobierno de la plaza de Sant Jaume, mientras que los otros trataban de consolidar su hegemonía en las ciudades más pobladas y convertían al municipalismo en bandera. Entretanto, la cosa se ha ido complicando. Autopistas, trenes, embalses, regadíos, incendios, plantas de residuos, tendidos eléctricos, túneles, parques naturales, han ido creando conflictos aquí y allá. La creciente influencia de las Agrupaciones de Defensa Forestal, de las cofradías de regantes, las peculiares y atípicas coaliciones políticas que surgen por doquier para defender el territorio contra líneas eléctricas, peajes o trazados ferroviarios, demuestran que si queremos continuar teniendo algo que se parezca a intereses generales, hemos de generalizar la creación de espacios y ámbitos que permitan la participación de personas y territorios en la definición de los mismos.

Joan Subirats es catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona.