Un auto insta a Aznar a defender personalmente su honor en el "caso Zamora"
José María Aznar deberá querellarse personalmente contra Eduardo Corrales, el empresario que denunció el caso Zamora (supuesta financiación del PP con comisiones ilegales), si quiere que éste sea perseguido por haber declarado que en 1987, cuando el actual presidente del Gobierno era candidato a la Junta de Castilla y León, recibió tres millones de pesetas en cheques de unos constructores para financiar su campaña.La Audiencia de Zamora ha dictado un auto en el que afirma que el coordinador general del PP, Ángel Acebes, que fue el que interpuso la querella contra Corrales por un presunto delito de injurias y calumnias, no está legitimado para pleitear en defensa del honor de su presidente.
"No se puede considerar al Partido Popular ofendido, ni tampoco legitimado para articular la querella en nombre de D. José María Aznar cuando éste, como ofendido, es el que debe articular, si así lo estima, la querella mediante el impulso legitimador procesal al que se ha hecho mención", señala el auto notificado ayer.
La audiencia da un plazo de 15 días a Aznar para que ratifique la querella y advierte que, "de no haberse constituido como querellante" en el mismo, las diligencias se archivarán de oficio.
Si Aznar decidiera ser parte en el procedimiento, el abogado del empresario querellado tendrá derecho a interrogarle sobre si es cierto o no que recibió los talones.
El auto estima parcialmente un recurso de queja presentado por Corrales contra una decisión del instructor.
La querella por calumnias e injurias la presentó el PP el 25 de marzo de 1997 y hasta principios de este mes era la única actuación judicial abierta en relación con el caso Zamora, el presunto cobro de comisiones ilegales por la adjudicación de obras públicas de la Diputación.
Sin embargo, el pasado día 11 se conoció la decisión de la Sala de lo Penal del Supremo de admitir a trámite y asumir la competencia para instruir la querella por corrupción que presentó el PSOE al apreciar indicios de delito y la presunta implicación de dos parlamentarios del PP.
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