Álvarez insiste en el censo tras el "cambio de talante" del Gobierno central

Los acuerdos alcanzados por la Junta de Andalucía y el Gobierno el pasado viernes para resolver los conflictos que mantenían por el endeudamiento autonómico y la deuda del Gobierno andaluz con la Seguridad Social, llevaron ayer a la consejera de Economía, Magdalena Álvarez, a celebrar "el cambio de talante del Gobierno central". La consejera anunció que, aprovechando la distensión entre las administraciones tras los pactos, volverá a plantear "otros temas que son importantes para la comunidad", como el reconocimiento de la población real de la región, que implicaría fondos adicionales a las arcas autonómicas. Álvarez manifestó su deseo de que "la Administración central se siga comportando igual" en la entrada de la sede de la Confederación de Empresarios Andaluces (CEA) en Sevilla. La consejera informó a la junta directiva de la patronal de los presupuestos autonómicos que hoy se someten a la aprobación del Parlamento. "La Junta nunca ha sido morosa de nada, ni se ha adueñado de nada, de ahí la importancia de establecer las cosas en sus justos términos", dijo a los periodistas. La consejera indicó que esperaba recibir a última hora de ayer la documentación de la Seguridad Social para efectuar el pago de los 3.100 millones del principal de la deuda de la Junta. Álvarez recordó que esa deuda se compensará con los 7.000 millones que debe el Gobierno central a la administración autonómica por haber cubierto sus objetivos en la lucha contra el fraude en la asignación de ayudas por incapacidad laboral. "Ganamos 4.000 millones", aseguró. Ambas administraciones pactaron que el Supremo se pronuncie sobre los recargos de apremio por el débito andaluz a la Seguridad Social. En todo caso, el Gobierno central -que cifra los intereses en 21.000 millones-, ha dado a la Junta un plazo de diez años a partir de la resolución para afrontar este pago. Álvarez también mostró su confianza en que el Gobierno central autorice este miércoles la emisión de deuda pública de 1998, unos 49.000 millones, que aún queda por colocar en los mercados financieros.