Condenados una intérprete y un policía de la Oficina de Asilo por falsificar documentos

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a un año de cárcel, por un delito de falsedad en documento oficial, a un policía de la Oficina de Asilo y Refugio que proporcionaba impresos a una china (condenada a la misma pena) que había trabajado como intérprete en dicho centro. Los papeles facilitados por el agente, que servían para burlar los controles policiales, eran vendidos a inmigrantes ilegales chinos. La trama se destapó cuando una inspección policial a un taller de confección chino descubrió a un grupo de trabajadores con los citados documentos.

La sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid repasa la extraña relación que se estableció entre la acusada Junxia Sun y el policía Domingo Durán. La procesada, sin antecedentes penales, entró en 1993 a trabajar como intérprete de chino en la Oficina de Asilo y Refugio, situada en la calle de Pradillo. Allí, aprovechándose de su posición, aprendió la "mecánica operativa" que seguían los policías para renovar las tarjetas provisionales de identidad de los solicitantes de asilo y refugio.

Este documento tenía inscrito, junto a la identidad del solicitante y su fotografía, su plazo de caducidad. Cuando su validez expiraba, la policía entregaba a los titulares unos resguardos en los que figuraban el día y la hora de renovación de la tarjeta. Estos documentos llevaban un sello oficial de la Dirección General de la Policía, y con ellos en la mano, como destaca la sentencia, los titulares se "ponían a cubierto de posibles identificaciones policiales". A finales de 1995, el policía entregó a la china cinco de estas tarjetas en blanco. Su objetivo era que Junxia pusiese en los documentos los nombres de aquellos a quienes quería beneficiar.

Encuentro en Legazpi

La operación se repitió en la fría Navidad de 1995, cuando la china y el agente quedaron en la boca del metro de Legazpi. En aquella ocasión, el policía entregó 10 imprésos. Semanas después, ya en 1996, ambos volvieron a citarse. La china recibió otras 10 tarjetas. En ninguno de estos encuentros, el agente cobró por los papeles.

Toda esta trama hubiese quedado posiblemente en la oscuridad de no ser por una intervención policial en principio ajena a los hechos. El 21 de enero de 1996, en un control de rutina, la policía, acompañada por inspectores del Ministerio de Trabajo y funcionarios municipales de Sanidad, registraron un establecimiento situado en la calle de Antonia Usera. Era un taller de confección chino. En su interior trabajaban 10 orientales. Para sorpresa de los policías, cinco poseían tarjetas de solicitud provisional de asilo y refugio. Las primeras sospechas aumentaron cuando uno de los trabajadores chinos declaró ante la policía que los documentos se los había entregado la intérprete por 30.000 pesetas.

El siguiente paso de la policía fue registrar los dos restaurantes que regentaba en Leganés y Carabanchel el padre de la intérprete. El 21 de mayo de 1996, los agentes entraron en el primer local y hallaron, escondidos dentro de la carátula de una cinta de casete, 10 resguardos con el sello de la Oficina de Asilo y Refugio. También fueron encontrados solicitudes de permisos de trabajo ante el Ministerio de Asuntos

Sociales y permisos de residencia en blanco, así como pasaportes chinos, fotografías y tarjetas de la Seguridad Social. Asimismo, en el Ford Escort propiedad del padre de la intérprete, aparcado junto al restaurante, la policía requisó más documentación. El registro del segundo restaurante, en Leganés, culminó con la salida a la luz de algunos inmigrantes en situación ilegal.

Amenazas y defensa

Durante el proceso judicial, la defensa de la intérprete alegó que, tras su detención, la mujer había sido presionada y amenazada por los policías para que declarase lo que ellos quisiesen. La Audiencia rechaza la existencia de amenazas en la medida en que "no hay dato" que lo corrobore, en que en todo momento estuvo asistida de abogado y en que no modificó su declaración una vez fue puesta a disposición judicial.