Las eléctricas y el PP

El ministro de Industria, José Piqué, se ha visto obligado a comparecer esta semana en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones a la oposición por lo que considera el regalo de 1,3 billones de pesetas a las compañías eléctricas. Una medida adoptada por el Gobierno central en aras a introducir una mayor competitividad en el sector y que, sin embargo, es interpretada como todo un favor a estas poderosas empresas. Miren por donde, pasados los años, va a cobrar verosimilitud lo denunciado hace dos legislaturas por un aspirante a la Presidencia de la Junta de Andalucía y hoy en el retiro político, Arturo Moya, quien advirtió a la opinión pública sobre las connivencias entre las eléctricas y el Partido Popular. La falta de pruebas en las que basar con mayor firmeza esta acusación hizo que quedara entonces como una simple y estrafalaria salida de tono, una más de las que acostumbraba el candidato en su singular campaña. Ahora, en cambio, sería un sano ejercicio recuperar de las hemerotecas el debate que se llegó a suscitar en el ámbito político andaluz en aquella ocasión. Otra iniciativa gubernativa tendrá además pronto su reflejo también en la Cámara, como ha sido la cesión de la explotación de la autopista Bilbao-Behovia al País Vasco. Eso, más 1.000 millones para el metro bilbaíno y otros 1.000 para su superpuerto. Unos flecos en la negociación entre populares y PNV para garantizar así, a última hora, el apoyo de éstos a los Presupuestos Generales del Estado. Incluso, los peneuvistas se han quedado a las puertas de cambiar el criterio de territorialidad para el reparto de los fondos estructurales, bolsa en la que también pretenden meter la mano. En definitiva, unas concesiones que, otra vez, dejan en difícil situación a los dirigentes populares andaluces, que apenas han logrado nada para el metro de Sevilla y, por supuesto, ni siquiera han conseguido librar el peaje de la autopista Sevilla-Cádiz, la única de pago existente hasta ahora en la comunidad. Con todo, algo de oxígeno tienen ya con el desbloqueo de los contenciosos sobre la deuda a la Seguridad Social, prácticamente en los términos propuestos meses atrás por la Junta, y la autorización del endeudamiento, operación esta última que se formalizará hoy. Y todo a las puertas de la aprobación de los Presupuestos andaluces, cuyo debate final se desarrollará el martes y miércoles próximos. Aunque la declarada intención de Manuel Chaves es agotar su mandato, quien sabe si nos encontramos ante los últimos Presupuestos, si es que finalmente José María Aznar se decide a convocar elecciones anticipadas allá por octubre del año que viene. Mientras tanto, la actualidad cotidiana obliga a luchar con asuntos más prosaicos y peliagudos, como resulta ser el pretendido desalojo de Jesús Gil de los órganos de decisión pública en la Costa del Sol. Hoy el Partido Popular tiene en su mano decidir si finalmente le presenta, junto con el resto de fuerzas políticas, una moción de censura en la Mancomunidad de la Costa del Sol. Siguen mareando la perdiz. Los populares no quieren convertir al controvertido alcalde de Marbella en una víctima, pero como no se den prisa seguirá tan tranquilo en su sillón. También en estas jornadas verá la luz la decisión de la Junta de asumir el aumento de las pensiones asistenciales no contributivas. "Toda una mascarada electoral", exclama la secretaria general de Asuntos Sociales, la popular Amalia Gómez. Algo bien diferente pensarán los 45.000 beneficiarios de esta iniciativa, más aquellos que recibirán una paga complementaria, medida que se extenderá, en total, a unos 100.000 andaluces.