Condenar a Cádiz

Si existe una política territorial incomprensible en Andalucía, ésta es la que el Gobierno practica con la provincia de Cádiz. Dicha provincia es la más castigada por el desempleo de Andalucía y de España; es una de las provincias con mayor incidencia de la pobreza y la drogadicción; es la que asume directamente los mayores efectos de la migración clandestina y de la competencia desleal de la colonia gibraltareña; tiene en su territorio instaladas industrias pesadas, como la de los Astilleros, que significan una espada de Damocles permanente, y es la provincia española con mayores tensiones segregacionistas. En definitiva, un marco demasiado alejado del deseado Estado de Bienestar y demasiado cercano al de otros territorios de gran problemática como puede ser Asturias y, por otras razones, el País Vasco. Y frente a este complicado panorama, una política de inversión pública y transporte del todo alejada de lo razonable. Efectivamente, Cádiz se encuentra estrangulada por sus estructuras de comunicaciones. Al oeste, la protección del Parque Nacional de Doñana dificulta en gran medida la conexión con el resto de la costa atlántica; al este, una autovía del Mediterráneo que nunca llega a cerrarse como debería, y al norte, una autopista de peaje a Sevilla. Y el problema es que, a fecha de hoy, este estrangulamiento no tiene visos de aliviarse sino de agravarse como consecuencia de la inexplicable ampliación del periodo de explotación de la autopista Cádiz-Sevilla y por la pretendida creación de una segunda autopista de peaje en el Campo de Gibraltar. Y si a ello unimos que dicho estrangulamiento por carretera frena definitivamente la posible expansión del aeropuerto de Jerez y que el uso conjunto del aeropuerto de Gibraltar tampoco tiene visos de solución, ni existe alternativa definida de un aeropuerto español en dicha zona, el futuro de la provincia queda todavía en el aire. En realidad, si por parte del Gobierno no se cambia definitivamente la política citada y se apuesta por un plan especial de inversiones para la provincia en obras que son de su competencia, la condena de Cádiz estará firmada.LUIS ÁNGEL HIERRO