Las cajas de ahorro ante el tercer milenio

Desde su creación, las cajas de ahorro han respondido en su evolución a unos fines y objetivos diferentes del resto de las entidades financieras. Han sabido compatibilizar su buen comportamiento empresarial con el papel de catalizador que les ha tocado jugar dentro del conjunto del sistema financiero, ayudando a éste a mantener unos niveles de concentración inferiores a los que se hubieran producido en su ausencia. Entidades de carácter eminentemente social, las cajas han ido creciendo y creciéndose en el segmento financiero, merced a una fuerte vocación territorial y de servicio, que ha llevado el negocio bancario a zonas donde nunca hubiera accedido la banca comercial, propiciando una mayor universalización.El espectacular crecimiento empresarial del conjunto de cajas de ahorro, unido a la secular influencia que estas entidades mantienen en sus zonas de implantación, gracias en gran parte a la proyección de su obra social, las sitúan periódicamente en el punto de mira de debate -en mi opinión espúreo-, a caballo entre la oportunidad política y el recelo de los bancos hacia la hegemonía de las cajas en amplias parcelas.

El debate sobre el modelo de caja idóneo para el año 2000 es, más que justo, necesario. Pero hay que vertebrarlo sobre factores de viabilidad económica y servicios socioculturales, antes de asistir al sistemático análisis sobre la rentabilidad de las fusiones, como única vía de supervivencia de las cajas de ahorro en un entorno de economía global. Como ejemplo, no acierto a vislumbrar la competencia de los grandes bancos europeos con las cajas que hoy operan en cualquiera de los pueblos y ciudades del sur de España.

En los últimos años se han esgrimido numerosas críticas al modelo de nuestras cajas; se ha sugerido, por ejemplo, la conveniencia de su transformación en sociedades anónimas, lo que no parece compatible con el mantenimiento de sus fines y objetivos básicos.

El experimento italiano, que fue la Ley D"Amato, no ha podido terminar peor. En Italia no hay ya cajas de ahorro y sigue siendo un país poco modélico en cuanto a sistema financiero. No olvidemos que estamos ante un sector sumamente dinámico -cuyo mascarón de proa durante muchos años ha sido la propia CECA- al que las leyes de cajas autonómicas están dotando de unas reglas del juego inicialmente orientadas a mejorar posibles lagunas de la LORCA de 1985, pero que también pueden incidir sobre el normal desarrollo empresarial de estas entidades en aspectos concretos de su identidad y retorno social.

Un debate nacional sobre las cajas que ignore esta incidencia queda ahora fuera de la realidad, pues las nuevas normativas llegan a forzar en algunos casos diseños específicos para la creación de lo que ya se conoce como "la caja autonómica". La mejor refutación a estas críticas es la persistencia en los buenos resultados, la ganancia de cuota de mercado, el mantenimiento de una alta competitividad en un contexto tan difícil como el del sistema financiero. El marco normativo creado durante y tras la transición democrática, aunque susceptible de mejoras, ha sido bien aprovechado por parte de estas entidades. Hoy, en plena eclosión de normativas autonómicas, hay que lograr una cierta homogeneidad que les permita competir en pie de igualdad. La ganancia de cuota de mercado de las cajas experimentada en los últimos años y la obtención de resultados superiores a la media del sistema financiero español (bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito) revelan que las cajas se han adaptado bien al aumento notable de la competencia de los últimos años. En 1997, los beneficios relativos de las cajas ascendieron al 0,89% de los activos totales medios, frente al 0,60% de los bancos, correspondiendo también un aumento superior de esta última magnitud a las cajas (8%) que a los bancos (7,34%). Se mantiene la tendencia favorable a las cajas frente a los bancos. Desde el punto de vista empresarial, los rasgos básicos de las cajas de ahorro han sido, entre otros, los relativos a la elevada presencia de los créditos dentro de su activo, la fuerte atención prestada a los sectores relativos a familias y pequeñas y medianas empresas, la menor apelación en el pasado al mercado interbancario como fuente de financiación. Los recursos propios de las cajas, de los que depende su solvencia, se han constituido a partir de los beneficios no destinados a obra benéfico-social (OBS). Las cajas dedican a reservas una parte de sus beneficios superior a la de los bancos, que pueden reforzar sus recursos propios apelando a las ampliaciones de capital, prácticamente vedadas a las cajas, que tienen que aumentar solvencia básicamente a partir de los beneficios no destinados a obra nenéfico-social.

A pesar de la buena evolución general de las cajas, han surgido en los últimos años abundantes retos para estas entidades. La implantación del euro, con todos los costes que conlleva; la reducción relativa del margen de intermediación; la reestructuración del ahorro familiar hacia los fondos de inversión y los planes de pensiones, y las menores necesidades financieras de las Administraciones públicas, son algunos de los cambios recientes más destacados; cambios que exigen nuevas estrategias para las cajas en los próximos años. Se quiere seguir manteniendo una alta competitividad, como ha sucedido hasta el momento, pero el actual escenario está enmarcado por un contexto de fuerte reducción de tipos de interés que afecta, sin exclusión, a todas las entidades financieras, dificultando el citado objetivo.

En líneas generales, parece conveniente que los órganos de gobierno de las cajas (asamblea, consejo de administración y comisión de control) mantengan una notable autonomía de gestión, en particular en lo relativo al destino de las inversiones y de la OBS. Esta autonomía de gestión debe ser compatible con el mantenimiento de una fuerte vinculación territorial y con una colaboración amplia con las comunidades autónomas. Dicha autonomía es también esencial en fusiones, donde debe también predominar la atención a los usuarios y la normativa debe permitir los procesos de concentración, pero en un marco de absoluta libertad para estas entidades. Los órganos de gobierno deben ser autónomos en este campo, con lo que cada caja de ahorros debe resultar ser plenamente autónoma en las decisiones clave sobre el futuro.

Los órganos de gobierno de las cajas de ahorro deben tener una representación equilibrada de los diferentes intereses sociales, de forma que ningún grupo social asuma posiciones hegemónicas en dichos órganos de gobierno. Su estabilidad y la independencia representativa de los colectivos facilitan una mayor profesionalización en la gerencia de las cajas de ahorro. La inevitable presencia de las Administraciones autonómicas en los órganos de gobierno debe dar lugar a descensos equilibrados en la representación de los colectivos hasta ahora presentes (ayuntamientos, impositores, entidades fundadoras y empleados). La principal aportación de las cajas a sus territorios de implantación es su propia solvencia, su capacidad de competir, como lo revela el que la aportación de las cajas al conjunto del PIB supere ampliamente su aportación al empleo. La autonomía de gestión y la proporcionalidad en la representación política de las cajas deben ser compatibles con vínculos estrechos de colaboración con los gobiernos autónomos, a la vista de que estos últimos tienen una intensa conexión con el desarrollo de cada comunidad, a la que no pueden quedar de espaldas las cajas de ahorro. La OBS debe responder en cuantía y composición a las demandas sociales, atendiendo a fines culturales y desarrollando también acciones favorables al impulso empresarial y al reforzamiento de las infraestructuras locales, que prestan servicios más próximos al ciudadano.

La adaptación de las cajas de ahorro a las nuevas realidades puede hacer conveniente algunas modificaciones en la LORCA, aunque se debe respetar el carácter fundacional de las cajas y su carácter básico de entidades con fuerte implantación territorial. Una cosa son las adaptaciones citadas y otra son las desnaturalizaciones. Las cajas funcionan, tienen amplios retos por delante y a ello debe ayudar el marco normativo, pero no deben usarse dichos cambios para cambiar el carácter y naturaleza básica de estas entidades.

Julio Rodríguez López es presidente de la Caja General de Ahorros de Granada.