El juez García-Castellón embarga las acciones y activos de Transáfrica
El juez Manuel García-Castellón acordó ayer el embargo de las participaciones directas o indirectas o los activos accionariales con que la empresa Transáfrica participa en las sociedades Pescafina, Empresa Mercantil Exportadora, Profesionales de la Distribución, Frigoríficos Industriales Alaveses, Pescagel y Pez Austral.La razón de la medida estriba en que Transáfrica no ha constituido la fianza de 22.000 millones de pesetas que le fue impuesta el pasado 21 de septiembre por el juez para hacer frente a las responsabilidades pecuniarias que puedan declararse en el proceso que se instruye en la Audiencia Nacional por el perjuicio -12.828 millones de pesetas- causado a los clientes de la agencia de valores AVA.
El magistrado ha decidido también el embargo de bienes de forma solidaria de los directivos del Grupo Transáfrica Rafael Salama, Salomón Benatar y Juan Enrique Castañeda por importe de los 22.000 millones que fijó como fianza.
El magistrado ha acordado que continúe la administración existente, pero nombrando interventor judicial con las atribuciones y limitaciones en el decreto sobre Administración Judicial de Empresas, por entender que es conveniente para el interés general.
Igualmente, el juez ha embargado por 800 millones de pesetas a Enrique Coronado, responsable de la agencia de valores AVA, que está declarada responsable subsidiaria. No obstante, esta resolución no es firme y puede ser recurrida en el plazo de tres días.
El caso AVA-Transáfrica se descubrió en febrero pasado, al detectar la Comisión de Valoes un agujero de más de 10.000 millones en la agencia de valores AVA.
Tras la intervención de la Fiscalía Anticorrupción, el juez Manuel García-Castellón imputó a "los miembros del consejo de administración de Socimer Internacional Bank Ltd. (en España, Salama, Benatar y Castañeda) haber vendido a AVA préstamos depositados en garantía de la devolución de los préstamos obtenidos por Socimer para financiar la compra de esos valores".
La suspensión de pagos de Transáfrica y la liquidación de Socimer, motivada por la situación del banco argentino Medefín UNB, provocó la suspensión de pagos de la agencia de valores AVA, causando un perjuicio económico importante a sus clientes.
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