El Gobierno vasco no tolerará que Interior invada sus competencias policiales

El Gobierno vasco respondió ayer de forma contundente a la decisión del Ministerio del Interior de tomar medidas para proteger a los cargos electos del PP vasco a los que se ha retirado la escolta de la Ertzaintza. La portavoz del Ejecutivo autónomo, Mari Carmen Garmendia, recordó ayer al ministro Jaime Mayor Oreja que la seguridad de las personas y los bienes en Euskadi es una competencia exclusiva del Gobierno vasco que éste "no cederá en ningún caso".

Garmendia eludió, sin embargo, desvelar si el gabinete en funciones del lehendakari José Antonio Ardanza ha estudiado la presentación formal de un conflicto positivo de competencias, acción que debe llevarse a cabo ante el Tribunal Constitucional. La portavoz del Gobierno vasco se limitó a reiterar que la decisión de retirar los escoltas a los cargos del PP se tomó "de acuerdo con los afectados", y a señalar que sus posibles iniciativas se atendrán a la legislación vigente, "de la que el Gobierno no se va a apartar ni un ápice", enfatizó, tanto en lo que atañe a sus propias intervenciones, como a las de "las demás instituciones que tengan que ver con materias de seguridad".Garmendia se negó, pese a la insistencia de las preguntas, a ser más explícita en cuanto a las intenciones de su Gobierno. "Voy a parafrasear al presidente Aznar", dijo, "y sólo diré que lo que tengamos que hacer lo haremos y lo que tengamos que decir lo diremos".

Tampoco quiso aclarar si la consejería de Interior del Gobierno vasco, que dirige, en funciones, José Manuel Martiarena, tomará la iniciativa de ponerse en contacto con el Ministerio del Interior para resolver el conflicto suscitado por su decisión de retirar la escolta personal a la treintena de cargos del PP que la mantenían todavía y la iniciativa del ministro Jaime Mayor Oreja de adjudicar a parte de ellos la protección de miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado. En un tono de gran disgusto, la portavoz responsabilizó a Interior de haber provocado la polémica y el debate público sobre la cuestión. "Todo lo que ha aparecido sobre este tema en los medios de comunicación es responsabilidad exclusiva de las fuentes del Ministerio del Interior", afirmó. Con más dureza aún en sus palabras en euskera, Garmendia señaló que el Gobierno vasco "no cederá en ningún caso y cuidará especialmente que nadie entre un terreno que es de su total competencia".

El Gobierno vasco examinó ayer el conflicto a instancias del propio lehendakari. Ardanza pidió el lunes a Martiarena que aportara a la reunión de ayer un informe exhaustivo sobre los fundamentos de la decisión de su departamento y sobre la falta de respuesta tanto del ministerio como del propio PP a los requerimientos para realizar las propuestas o aportaciones de información que consideraran pertinentes. "Presión social contra el PP" Mientras la polémica por la decisión de retirar los escoltas a los cargos públicos del PP crece, portavoces de Gestoras pro Amnistía y de la asociación de familiares de presos de ETA Senideak llamaron públicamente a la presión social contra el PP. El portavoz de Gestoras Agustín Figal abogó por "la presión social contra los violentos, contra el Gobierno del PP, contra sus concejales, contra todos los cargos políticos que son responsables" de la dispersión y de que "no se respeten los derechos" de los reclusos etarras. Tras denunciar la situación de enfermedad del preso Mitxel Sarasketa -con 20 años cumplidos de los 30 a los que fue condenado-, Senideak advirtió que "hay que acabar con esta situación ya. No hay plazos ni para el PP, ni para el resto de partidos, ni para nadie". La novia de este recluso y los representantes de Senideak y Gestoras expusieron el caso de Sarasketa -que esta semana sufrió un nuevo ataque epiléptico- como exponente de la política penitenciaria del Gobierno del PP, "que se obstina en mantener el sufrimiento, en utilizar a los presos políticos para sacar beneficio".

En el terreno estrictamente político, los socialistas pretenden frenar esta ofensiva contra "el ejercicio de la libertad y de los derechos ciudadanos" con una declaración institucional del Parlamento vasco. El dirigente socialista Fernando Buesa, que presentó ayer en la Cámara una propuesta de declaración institucional sobre las coacciones y presiones a cargos públicos, apeló a Martiarena para que asuma con "plenitud" su responsabilidad en las manifestaciones coactivas de los grupos simpatizantes de ETA, informa

Eduardo Azumendi.

El texto, que ayer fue entregado a todos los grupos parlamentarios, insta a las autoridades a "extremar su labor, utilizando todos los medios a su alcance, en la remoción de los obstáculos que impiden el libre ejercicio de la libertad y para evitar comportamientos que menoscaben la libertad del cargo público". Mientras los socialistas negocian con el resto de los partidos para aprobar esta declaración institucional el viernes, la mesa del Parlamento navarro condenó, con la abstención de Herri Batasuna (HB), el incendio de la vivienda de un guardia civil en Pamplona y pidió la "unanimidad en el rechazo a la violencia". Ayer se supo también que un comunicante anónimo asumió en llamada al diario Euskadi Información la colocación de un artefacto casero frente al domicilio de un militar en Vitoria el pasado 8 de diciembre. La campaña de amedrentamiento llegó también a los socialistas el pasado domingo. Varios desconocidos realizaron pintadas en una sede del PSE en Bilbao con lemas como "carceleros" y "fascistas".La moción que Senideak está presentando en los ayuntamientos vascos a favor del acercamiento de los presos a cárceles de Euskadi se discutió ayer en Vitoria y en Bilbao con desigual resolución. En la capital vizcaína se aprobó con los votos del PNV, HB, el partido del ex alcalde José María Gorordo, y dos ediles del mixto, al tiempo que se aprobaba también la presentada por el PP con los votos del PNV. En Vitoria, fracasó la moción de Senideak porque UA, PP y PSE votaron en contra, rompiéndose así el bloque de gobierno formado por PNV-UA.