El ministro Arenas niega retrasos en el traspaso de competencias del Inem a la Generalitat

La Generalitat saldará una antigua deuda de 2.800 millones con la Tesorería de la Seguridad Social, según un convenio suscrito ayer. La autonomía, que debe esta cantidad desde 1985 al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), pagará además 414 millones por recargo de apremio. El ministro de Trabajo, Javier Arenas, presidió ayer en Valencia el jurado del Premio Profesor Manuel Broseta, que se ha otorgado a la Ponencia Constitucional. Arenas negó que el traspaso del Inem a la Generalitat, aprobado el pasado viernes, se haya retrasado pese a que se anunció para principios de 1998.

La visita del ministro Javier Arenas a la Comunidad fue corta pero intensa. En apenas cuatro horas participó en cinco actos. El más destacado fue el que tuvo lugar en la sede de la patronal de Valencia, donde se reunió el jurado de la séptima edición del Premio a la Convivencia Manuel Broseta. Arenas, presidente del jurado, anunció que este año el galardón se otorgaba a la Ponencia Constitucional "por el ejercicio que supuso de diálogo y tolerancia". El presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, entregará el premio el próximo 15 de enero. De paso el ministro de Trabajo aprovechó para comentar el reciente acuerdo del Consejo de Ministros por el que se traspasan definitivamente las competencias del Inem a la Generalitat. Arenas negó que el acuerdo se haya retrasado a pesar de que los responsables autonómicos manifestaron en el pasado que los traspasos serían efectivos en 1998. "No llegan con retraso si se tiene en cuenta que la comunidad es una de las primeras en recibirlas, tras Cataluña y Galicia", se excusó Arenas. Acompañaba al ministro en su visita a Valencia el director general de la Tesorería de la Seguridad Social, Julio Gómez Pomar. Éste suscribió un acuerdo con el consejero de Economía, José Luis Olivas, para saldar una vieja deuda. Concretamente, la Generalitat adeudaba desde 1985 un total de 2.838 millones de pesetas a la Tesorería de la Seguridad en concepto de cotizaciones al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). "Es una deuda de escasa entidad si se tienen en cuenta los 60.000 millones de pesetas que se mueven en concepto de cotizaciones a la Seguridad Social en la Comunidad Valenciana", declaró Gómez Pomar. La Generalitat, después de pagar la cantidad principal más 414 millones por recargo de apremio, quedará al corriente de sus obligaciones con este departamento. La devolución se hará mediante pagos homogéneos en cinco años. El convenio prevé también un nuevo sistema para regularizar el pago de las cuotas a la Seguridad Social. A principios de año se fijará una cantidad y al final del ejercicio se compensarán las posibles diferencias. Esta fórmula, que se aplicará también a los centros docentes privados concertados, ya funciona con la Junta de Andalucía y con la Generalitat de Cataluña. El director general de la Tesorería facilitó los últimos datos de afiliación en la Comunidad. Hasta octubre se habían registrado 1.396.512 afiliaciones a la Seguridad Social, con un crecimiento del 6%. Gómez Pomar informó también del acuerdo suscrito con los sindicatos sobre la contratación a tiempo parcial. Según el director, la regulación española para este tipo de contratos era inadecuada. De hecho, en 1996 sólo un 8% de los contratos en España se acogían a esta fórmula, mientras este año el porcentaje era incluso inferior. La media en la Unión Europa es del 16%. En la Comunidad, el 9,25% de los ocupados están sujetos a un contrato a tiempo parcial, dos puntos por encima de la media española. El objetivo del Gobierno central es que en cinco años el 16% de los contratos que se registren en España se acojan a esta fórmula. "En la Comunidad Valenciana, debido a su estructura económica, la utilización del nuevo tipo de contratación puede ser superior incluso", agregó.