Payos y gitanos se unen para evitar un estallido racista en Natzaret

Natzaret ansía recuperar el anonimato y evitar que estalle la enorme tensión existente. A la mayoría de sus 6.000 vecinos les asquea que el nombre de esta barriada obrera y portuaria de Valencia se asocie a la tragedia. En este deseo de pasar página al atropello de un bebé y al linchamiento de un camionero ocurridos el viernes, las asociaciones vecinales y las de gitanos se reunieron ayer y convocaron una concentración para esta tarde.

Una concentración silenciosa convocada para esta tarde en la plaza de la iglesia del barrio es "el punto de partida" que se marcan ambos colectivos para homenajear a las dos víctimas y sellar un pacto de tolerancia. La iniciativa trata de encauzar el malestar reinante y evitar que se produzcan estallidos de violencia. En la reunión celebrada ayer en la Subdelegación del Gobierno en Valencia acordaron también organizar reuniones conjuntas entre las asociaciones de vecinos y las del pueblo gitano. A la reunión asistieron el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Carlos González Cepeda, el jefe superior de Policía, Segundo Martínez, y el jefe de la policía Local, Andrés Rabadán, que prometieron aumentar la presencia de agentes en el barrio. Todos hicieron un llamamiento a la tranquilidad de los vecinos, temerosos de que el mínimo roce desencadene una oleada de enfrentamientos. De hecho, algunas asociaciones han recibido llamadas de camioneros, taxistas y simpatizantes de la extrema derecha que "se ofrecían a ir a la caza del gitano".La presidenta de los vecinos de Valencia, Carmen Vila, distinguió ayer entre los gitanos "de toda la vida", los que juegan al dominó con los payos, y "los que llegaron hace unos cuantos años" a Natzaret desde Madrid y otros puntos. A estos últimos los relaciona con el tráfico de drogas y armas, y las peleas ilegales de perros y gallos. Vecinos de Natzaret denuncian que ocupan chalés lujosos que difícilmente podrían pagar con la venta de ajos en el mercado (la fuente de ingresos oficial de alguna de estas familias). Las sospechas sobre la implicación en el tráfico de drogas alcanzan al acusado del linchamiento, el padre del bebé, José Muñoz, El Sordo. Su abogado, Jaime Sanz de Bremond, insiste en que se gana la vida con un criadero de gallos, una pensión y lo que vende su mujer. Pero a la Policía no le salen las cuentas.

Incluso una congregación religiosa del barrio, que acoge a los más necesitados y a inmigrantes africanos, evitó relacionarse con la familia Muñoz porque "se dedica a cosas poco claras". Los vecinos le incluyen entre la treintena de "personas no deseadas" por participar en supuestas actividades ilícitas que figuraban en la lista enviada hace un año a la Delegación del Gobierno.

El pacto de buena convivencia entre ambas etnias no incluye a los inquilinos de estos chalés contra los que Vila reclama "mayor presión policial". A raíz de la tragedia, el movimiento vecinal ha puesto sobre la mesa las reivindicaciones históricas del barrio, sobre todo la presencia de bases de contenedores y el consiguiente tráfico de camiones, como el que arrolló al pequeño José. El concejal de Disciplina Urbanística, Francisco Lledó, se comprometió en la reunión de ayer a agilizar el traslado de estas empresas a los terrenos portuarios.

Respetar a los muertos

Pero los representantes de los gitanos han puesto el grito en el cielo ante lo que consideran un intento de utilizar las dos muertes para hacer reivindicaciones. "Pueden contar con nosotros para lograr el consenso y la tranquilidad en el barrio", prometió un vicepresidente del colectivo gitano, Juan Roige, "pero no para otras cosas, a los muertos los respetamos mucho". Otro vicepresidente, Juan José Castellón, pidió que este luctuoso suceso no se convierta en "carnaza" para la prensa ni un arma arrojadiza contra los gitanos.Con respecto a la investigación policial, todavía no se han producido nuevas detenciones. El único acusado, Muñoz, eludió incriminar a otras personas en el linchamiento alegando que estaba tan alterado que no se fijó en los rostros de los que le acompañaban mientras daba muerte al camionero. La policía mantiene que hay, al menos, otros dos implicados.

Durante las 40 horas que permaneció huido, se escondió en un lugar próximo a Madrid. Su abogado dice que tenía la intención de entregarse desde el sábado por la mañana (el linchamiento se produjo el viernes al anochecer), pero que se demoró hasta el domingo porque tardó en localizar al letrado y en viajar hasta el juzgado de Valencia. Un retraso que le obligó a perderse el entierro de su hijo.

En esta entrega no influyó, según el letrado, ninguna negociación. Pero la policía y las asociaciones gitanas cruzaron llamadas telefónicas el sábado en las que valoraron las ventajas que obtendría Muñoz si se entregaba.

El abogado dice que Muñoz está "destrozado", siente profundamente la muerte del camionero Antonio Civantos y llora en la cárcel por él. La viuda del conductor linchado el viernes, Mercedes, confesó ayer a la Cadena Cope que no odia a los que se ensañaron con su marido. Aún no ha "asimilado su pérdida" y vive con la sensación de que "Antonio entrará por la puerta de casa, como todos los días, en cualquier momento".