Una forense cree compatibles las lesiones de un etarra con un arresto violento

La médico forense que reconoció en las depedencias de la Guardia Civil en Madrid a los tres etarras que denunciaron torturas, Leonor Ladrón de Guevara, dijo ayer ante el tribunal que las lesiones que presentaba Juan Ramón Rojo eran "compatibles" con una detención violenta. Por contra, los peritos forenses propuestos por la acusación indicaron que muchas de las marcas que presentaban los detenidos no podían ser fruto de la aparatosa operación policial. El médico de la defensa dijo incluso que éstos pudieron "autolesionarse".

La reanudación ayer del juicio por torturas contra ocho guardias civiles que se sigue en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Bilbao tuvo como protagonistas a cinco médicos forenses. Los dos peritos propuestos por la acusación y el médico forense presentado por la defensa de los agentes discreparon sobre el origen de las lesiones que presentaban los tres detenidos en la operación de la Guardia Civil en enero de 1992. Algo habitual en todos los juicios por torturas. Sin embargo, el testimonio que puede inclinar la balanza finalmente en este proceso es el de la forense que reconoció en las dependencias del instituto armado a los tres denunciantes. Su declaración en el caso de las marcas de Juan Ramón Rojo echa por tierra buena parte del testimonio del activista. Primero, las lesiones "eran compatibles con una detención violenta" y además todas ellas tenían la misma data o en "un periodo de tiempo muy corto", especificó la especialista. Rojo había testificado que las torturas se produjeron a lo largo de los cinco días que estuvo arrestado por el instituto armado. Ladrón de Guevara negó que observara en los denunciantes lesiones producidas por asfixia, en alusión a las supuestas torturas que sufrieron los detenidos al colocarles una bolsa de plástico en la cabeza, o por electrodos. El propio Rojo declaró que la forense, al verle las lesiones, le dijo que "aguantara que ella no podía hacer nada más". La doctora negó ayer ante el tribunal haber pronunciado nunca esas palabras. Por su parte, los doctores Idoiaga y Urruburu, propuestos por la acusación, defendieron que se puede controlar la asfixia con una bolsa de plástico para que no queden secuelas. Y señalaron que los electrodos tampoco dejan señales si las corrientes eléctricas son de baja intensidad y durante una breve exposición. Tras la prueba pericial, todas la partes elevaron a definitivas las conclusiones sin que se produjeran modificaciones. La fiscal no acusó al considerar que las lesiones de los detenidos se produjeron a causa de "la violencia que hubo de ser desplegada por los agentes de la Guardia Civil". La acusación pide para el secretario y el instructor de las diligencias 25,2 años y 60 años de inhabilitación y cuatro años para cada uno de los otros seis agentes.