MOVILIZACIONES SINDICALES Una política poco activa hacia el empleo

Las organizaciones sindicales que hoy se movilizan contra algunos aspectos de la política económica del Gobierno de España han conseguido vincular tres cuestiones que, en mi opinión, separan con bastante precisión los campos de la derecha y la izquierda en la labor de un ejecutivo. El papel de los gobiernos en la generación de empleo y en el proceso de redistribución del empleo existente, la aportación de cada cual a las finanzas públicas y el sistema de protección a quiénes no tienen trabajo son posiciones políticas que entran de lleno en la calificación de quienes las aplican. El Gobierno de España del PP ha combinado la reducción del IRPF con la disminución de la aportación pública a los fondos para el desempleo, no hace nada para que vaya calando la cultura de una redistribución del trabajo y trata igual a quiénes son desiguales en la competencia por un empleo. Ese conjunto de actitudes supone un "dejar pasar" el problema del desempleo en la confianza de que las solas fuerzas del mercado vayan ajustando las disfunciones actuales, ignorando que en este momento del desarrollo del sistema productivo esa esperanza es, desgraciadamente, vana, como se está demostrando con la persistencia del problema en todos los países, ya sean desarrollados, en vías de desarrollo o subdesarrollados. Aún aceptando (que ya es difícil) que la reducción del IRPF no vaya a ser desigual según el nivel de ingresos, su efecto sobre los recursos públicos ha sido compensado por el Gobierno reduciendo su aportación a los fondos para pagar el desempleo, reducción que se cifra en 600.000 millones de pesetas como efecto de la disminución del número de perceptores del subsidio de desempleo. Una actuación progresista en esta materia hubiera debido trasladar el ahorro de los presupuestos del INEM hacia la financiación de las políticas activas de creación de empleo, a reducir las desventajas en el mercado laboral de colectivos que se ven afectados por las cada día más duras exigencias de los sistemas de producción actuales o, en último término, a incrementar el colectivo de protegidos. Incluso, a mi entender, nadie hubiera protestado si ese ahorro, en parte, se hubiera dirigido a incentivar lo que es otra política activa de creación de empleo, la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales. Medida que, desde luego, y contra lo que argumentan sus detractores, nadie dice que sea la panacea, pero sí un elemento más de todo un conjunto de actuaciones (como la sustitución de los trabajadores en excedencia voluntaria, el contrato estable a tiempo parcial y otras) que, siendo todas parciales, completan un cuadro que tiene como objetivo un mercado laboral más solidario, más justo y más distribuido. El afán recortador del ministerio de Trabajo ha llegado también a una de las medidas que, propuestas por la Junta de Andalucía, se incluyó inicialmente en el Plan Nacional de Empleo, la subvención al primer contrato de un empresario autónomo. Una enmienda introducida en el Senado a última hora puede eliminar una medida que podría tener efectos positivos en una economía, como la andaluza, con un elevado componente de trabajadores autónomos. La generalización de los incentivos a la creación de empleo estable es un elemento que califica también el tipo de política que se hace. Que a las finanzas públicas le cueste un contrato estable con un directivo de empresa un millón de pesetas y el de un trabajador de base 300.000 no es justo, porque los recursos públicos no están para financiar sueldos elevados, sino para favorecer el empleo de los que más lo precisan. Que no haya un tratamiento diferenciado para aquellas zonas, como Andalucía, en la que existe más desempleo tampoco es señal de equidad. En definitiva, creo que en Andalucía hay suficientes razones, de tipo general y particular, para afirmar que no nos favorece la política de empleo del Gobierno de España y que, además, puede y debe hacerse otra.GUILLERMO GUTIÉRREZ CRESPO

Guillermo Gutierrez es Consejero de Trabajo e Industria.