"Las ayudas a las empresas no deben falsear la competencia"

Este asesor de la alcaldesa de Valencia y responsable del área de relaciones exteriores del Ayuntamiento de Valencia, autor del estudio Libre competencia y ayudas a las empresas públicas, licenciado en Derecho, diplomado en Comunidades Europeas y master en relaciones internacionales, nació hace 35 años en Valencia, y gusta recordar que las ayudas públicas que se dan a una empresa pueden perjudicar a otras, vulnerando la libre competencia. Pregunta. ¿Las ayudas públicas sólo tienen sentido si son para un servicio público? Respuesta. Tienen un enorme sentido. El principio de libre competencia es compatible con salvaguardar el interés general. Ahora bien, si con esas ayudas no se está salvaguardando el interés general, del que forma parte también la empresa privada, y se está falseando la competencia, entonces no. Por tanto sí a las ayudas públicas siempre que se impute a la prestación de un servicio público. P. ¿Dónde está la línea del servicio público? R. La normativa comunitaria establece con bastante claridad esa dicotomía. En cualquier caso siempre hay un margen de discrecionalidad que se encargará de juzgar el tribunal de justicia de la Comisión Europea. P. En un momento en que se tiende a privatizar, ¿el sector público es merecedor de ayudas? R. Independientemente de que las pautas de la economía internacional parece que tienden a la privatización del tejido empresarial público, en tanto que exista el mismo, y subsistirá porque hay sectores en los que no entraría el sector privado, son susceptibles de ser ayudados mediante los presupuestos del Estado, y así debe ser ya que prestan un servicio público. P. Las empresas están empezando a protestar por las ayudas de los estados. R. Sí, y tanto por las ayudas a las empresas públicas como a las empresas privadas. Ha sido la patronal española del sector la que ha denunciado las ayudas otorgadas por la junta de Andalucía a Cárnicas Molina porque desvirtuaban la libre competencia. También la iniciativa privada ha denunciado ante Bruselas el doble canal de financiación de RTVE. P. En este último caso, o en caso de RTVV, ¿qué contempla la normativa europea? R. Todo lo que sea difusión de cultura, de informativos, de servicio público, el Tratado de Roma es muy tajante al respecto en el sentido de salvaguardar ese servicio. Ahora bien, eso es compatible con que se ponga en marcha también la libre competencia. Es decir, esas ayudas a los entes públicos de televisión deben mantenerse en tanto en cuanto se preste un servicio de interés general y no se imputen a la guerra comercial. Se trata de que se salvaguarde la empresa pública aplicándole unos parámetros de gestión propios de la economía de mercado. P. ¿Y en casos de otras empresas públicas, como Iberia? R. La ayuda fue considerada compatible por la Unión Europea, ya que la finalidad de la misma tendía a la rentabilidad a medio y largo plazo de la empresa. Lo que no cabe es ayudar si no hay detrás un plan de reestructuración. P. ¿Y las ayudas a empresas privadas, como Ford? R. Si las ayudas se concedieran sin un plan de reestructuración detrás, lesionarían la competencia. Las de Ford fueron denunciadas, pero finalmente se demostró que las ayudas tenían la reestructuración de la plantilla a medio y largo plazo como fondo. P. ¿Y en los casos de los régimenes fiscales especiales? R. De hecho, esa es uno de los aspectos que la Comisión está investigando. Es cierto que existen situaciones especiales -potenciar el desarrollo económico de determinadas zonas, o paliar el paro-, pero hay que determinar si las zonas pueden acogerse a esos supuestos. P. ¿Se dan muchos casos de distorsión de la competencia? R. Desde el momento en que los estados ya no pueden utilizar las barreras comerciales para impedir la libre competencia, utilizan las ayudas para protegerse. En el caso de España hay ahora varios casos abiertos: Transmediterránea, Magefesa, RTVE y todos los entes autonómicos de televisión, Cárnicas Molina, el régimen fiscal del País Vasco... Y esto sólo en el último mes.Las ayudas a los entes públicos de televisión deben mantenerse sólo si se presta un servicio público