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Movilización en defensa de una niña

Un pueblo granadino intenta impedir que una menor sea devuelta a los padres adoptivos que la maltrataban

"Vieja bruja, si antes no me querías, ¿por qué me quieres ahora? No pienso vivir contigo". Mari Ángeles tiene 12 años y no entiende por qué los jueces la obligan a volver con unas personas que eran "malas" con ella. Una sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla conmina a la pequeña a abandonar a la familia que la acoge en Benamaurel (Granada), con la que asegura vivir feliz, y a retornar con sus padres adoptivos, de los que fue separada hace seis años por presuntos malos tratos. Ayer, un millar de los 2.507 vecinos de la localidad granadina se echaron a la calle para impedir que el Servicio de Atención al Niño se llevara a Mari Ángeles del pueblo.La Asociación Pro Derechos del Niño (Prodeni) denunció el caso el pasado viernes y adelantó que el municipio se movilizaría para impedir la ejecución de una sentencia que considera "inhumana y decimonónica". Los magistrados de la Sala Sexta de la Audiencia de Sevilla han previsto el ingreso de la niña en un centro de menores antes de ser devuelta a sus padres legales, que viven en Bormujos (Sevilla). Los compañeros de colegio de Mari Ángeles también participaron, junto a sus padres, en la manifestación. Y al grito de "nosotros sí te queremos, quédate con nosotros" contribuyeron a aplazar la decisión judicial.

Sin embargo, el Servicio de Atención al Niño, responsable de ejecutar la sentencia, ha comunicado que volverá para recoger a la pequeña en otro momento y sin previo aviso. Un gesto calificado por José Luis Calvo, presidente nacional de Prodeni, como una "violación del derecho de la niña a vivir sin sentirse amenazada".

La pequeña Mari Ángeles apenas ha conocido el cariño materno. En sus escasos 12 años ha vivido ya en el seno de tres familias diferentes y ha pasado por dos centros de acogida de menores. Prodeni sospecha que su madre real la vendió por un millón de pesetas, y con apenas seis meses, al matrimonio de Bormujos que ahora la reclama. José Luis Calvo considera que la pareja consiguió la adopción de la niña con documentación falsa y teme que la mujer pudo infligirle malos tratos durante seis años. "El propio marido denunció a su esposa en la comisaría del pueblo por pegar a la cría", señala el presidente de Prodeni.

En 1992, la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía decretó el desamparo de la niña, retiró la custodia a sus padres legales y fue acogida por otra familia sevillana. Comenzó entonces un interminable proceso burocrático con apelaciones en los juzgados y la insistencia del matrimonio de Bormujos por recuperar a Mari Ángeles. Tras pasar por dos centros de acogida, la menor recaló en su actual familia. La propia niña manifiesta en unas declaraciones grabadas su deseo de continuar con sus nuevos padres y relata los malos tratos recibidos anteriormente. "La mujer que me cuidaba era muy mala. Me tiraba de los pelos y cuando yo quería comer en la mesa me llevaba con los animales. Es una bruja", explica la pequeña en la cinta. José Luis Calvo asegura que la madre solía atar a la pequeña a una silla para poder ausentarse de la casa.

El presidente de Prodeni señala que la sentencia de la Sala Sexta de la Audiencia Provincial de Sevilla, que obliga a Mari Ángeles a volver con sus primeros adoptadores, fue dictada el pasado septiembre sin escuchar la voluntad de la menor. "No se la ha tenido en cuenta. La han considerado un mueble, un objeto material. Esta criatura está ahora destrozada psicológicamente", lamenta.

Calvo arremetió la semana pasada contra los magistrados de la Audiencia, a los que considera aliados, junto a los padres legales, en la vulneración de los derechos de la niña. "Acatamos la sentencia, pero no la compartimos. La vemos injusta y no vamos a ser cómplices de las consecuencias que los magistrados puedan causar a la pequeña".

Prodeni y sus actuales padres, que guardan silencio, confían en una pronta solución que permita a Mari Ángeles vivir en paz. La Fiscalía de Sevilla ha interpuesto ante el Tribunal Constitucional un recurso para que se paralice la sentencia. También el alcalde de Benamaurel, Antonio Arredondo, aseguró que el pueblo seguirá manifestándose hasta conseguir una salida que sonría a la pequeña. Un deseo compartido, incluso, por el propio consejero de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, pero no por algunos jueces.

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