Un juzgado de vigilancia reprende a la cárcel de Soto por retener permisos

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Madrid ha llamado varias veces la atención a los directivos de la prisión de Soto del Real por retener permisos de salida concedidos a internos y, en otros casos, por tramitar a destiempo y con excesivo retraso progresiones de grado de reclusos.En relación con este problema, un juez de Colmenar Viejo está investigando ahora por qué la prisión de Soto tardó 40 días en dejar en libertad a un interno que, por orden judicial, debía pasar al tercer grado e ingresar en un centro de Proyecto Hombre con el fin de proseguir un tratamiento de desintoxicación de las drogas.

El tercer grado permite a los reclusos, entre otras opciones, gozar de libertad durante el día o durante los fines de semana.

Una de las razones aducidas al juzgado por la prisión para justificar la tardanza en clasificar a un preso en tercer grado es la ausencia de plazas en el centro penitenciario Victoria Kent, que canaliza el control de los internos que disfrutan del tercer grado. Los retrasos en la tramitación de permisos han afectado especialmente a internos del módulo 10, que alberga a los adscritos a cursos de la UNED. En la última junta de tratamiento, celebrada en julio, se tramitaron los permisos de los internos de ese módulo para el mes de agosto. No todos los internos pudieron disfrutarlos. Algunos, al ver que concluía agosto y que no se les había comunicado su permiso, protestaron, y los disfrutaron con posterioridad. Otros, en cambio, ignoraban que disponían de permiso y lo han perdido, aseguran fuentes de esta prisión.

Este periódico intentó a lo largo de la tarde de ayer, sin éxito, conocer la versión del director de la prisión de Soto, Eugenio Arribas, sobre estas supuestas anomalías.

Uno de los retrasos, el que investiga un juez de Colmenar, se refiere al interno J. O. M. El Juzgado de Vigilancia número 1 de Madrid dictó su progresión al tercer grado el 28 de agosto de 1998; sin embargo, el preso tardó 40 días en acceder a ese beneficio. Su abogado, Julián Carlos Ríos, presentó una denuncia "contra los directivos" de la prisión el pasado octubre, "por presunta desobediencia a una resolución judicial".

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