El fiscal reitera que Mario Conde no está rehabilitado para salir de permiso

La Audiencia de Madrid celebró ayer una vista para decidir si revoca la concesión del tercer grado penitenciario restringido a Mario Conde, del que dispone hoy y que le permite salir en libertad dos fines de semana alternos al mes y disfrutar de otros 48 días de permiso al año. El fiscal, Fernando Prieto, reiteró su disconformidad con la concesión del tercer grado al ex banquero, por entender que ni está arrepentido ni rehabilitado del delito por el que fue condenado a cuatro años en relación con el caso Argentia Trust.

Antonio García Pablos, abogado del ex banquero, sostuvo, por su lado, que la justicia Suiza acaba de acreditar que Conde no se quedó con los 600 millones de pesetas por los que fue condenado a cuatro años de cárcel.La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid celebró ayer la vista del recurso que la fiscalía de Madrid presentó contra la decisión de la juez de vigilancia penitenciaria María del Prado Torrecilla de conceder el tercer grado restringido al ex banquero el pasado septiembre.

Torrecilla revocó así una decisión anterior adoptada por su colega Francisco Racionero, quien regresó a Conde al segundo grado después de que la junta de tratamiento de la prisión de Alcalá-Meco, con dos votos en contra, decidiese concederle el tercer grado. Este beneficio permite a los reos el disfrute de frecuentes permisos de salida.

La fiscalía de Madrid recurrió ante la Sección Quinta de la Audiencia de Madrid la decisión de la juez Torrecilla. La vista celebrada ayer es el resultado de ese recurso. El tribunal, que preside el magistrado José Luis Calvo Cabello, dará a conocer el fallo a fines de la próxima semana.

Durante la vista, el fiscal volvió a recordar los argumentos que, en su opinión, desaconsejan la concesión del tercer grado a Conde. Entiende que no es merecedor de ese beneficio por cuanto persiste en el reo el riego de fuga y porque el ex banquero está aún inmerso en el juicio por el caso Banesto, en el que el fiscal le pide cerca de 30 años de cárcel por varios delitos. Indicó el fiscal que la condena del ex banquero en el caso Argentia Trust no tiene un mero fin de integración social, puesto que al ser un "delincuente de guante blanco" se le supone esa condición, sino la "prevención e intimidación general".

El ministerio público volvió a exhibir ante el tribunal el informe del psicólogo de la prisión en el que se advierte de que Conde no está "rehabilitado", dado que carece de un sentimiento de culpabilidad en relación con el delito por el que se halla preso. Asimismo, señaló que Conde no ha realizado "ningún acto positivo" ni ningún pago" para resarcir el daño provocado con su delito en el caso Argentia Trust.

"Alarma social"

Para el fiscal, "la sociedad tiene que defenderse de estas conductas" que crean "alarma social", con lo que el objetivo de la condena en este caso es de "prevención e intimidación general". Conde está en la cárcel, dijo el fiscal, por "hechos graves", ya que se le impuso la "máxima pena", en una sentencia en la que se aludió a su "cuasi impunidad" debido a su condición de presidente de un banco.El abogado de Conde señaló que su cliente cumple los requisitos legales para disfrutar de ese beneficio penitenciario, y recordó que en enero habrá cumplido la mitad de la condena. Asimismo, recriminó al ministerio público que emplee argumentos "ideológicos" y "político-criminales" para oponerse a la concesión del tercer grado a su cliente.

Durante su intervención, García Pablos aseguró que la comisión rogatoria enviada a Suiza por el juez de Madrid José Emilio Coronado para averiguar el paradero de los 600 millones de Argentia Trust acaba de llegar a Madrid, y que revela que su cliente no se quedó con ese dinero. García Pablos anunció a los periodistas, en los pasillos de la Audiencia, la posibilidad de solicitar una revisión extraordinaria de la sentencia ante el Tribunal Supremo. Fue la Audiencia Nacional la que impuso los cuatro años de cárcel a Conde por el caso Argentia Trust, aunque esta pena luego fue confirmada por el Tribunal Supremo.

El abogado matizó que Conde no está condenado por un delito contra la vida ni contra la libertad sexual, sino "económico-patrimonial". Es decir, que se le han impuesto cuatro años de cárcel por "distraer o despistar" ese dinero al hacer una transferencia como pago de un servicio, pero no por "quedárselo él".

García Pablos consideró que la alusión del fiscal a los delitos de "cuello blanco" demuestra "la escasa solidez" de sus argumentos, y refutó "inadmisible" que la fiscalía se remita a los dos votos discrepantes de la junta de tratamiento para oponerse a la concesión del tercer grado.

García Pablos lamentó asimismo que el fiscal apele a la "prevención general" para reclamar la regresión de grado de Conde. Sería volver, dijo, "a la etapa de grilletes y mazmorras".