Un etarra asegura que un guardia civil le amenazó con hacerle desaparecer
Un liberado del comando Vizcaya de ETA detenido por la Guardia Civil en 1992 relató ayer, en el juicio por torturas que se sigue en la Audiencia bilbaína, que los agentes le amenazaron con matarle y con hacerle desaparecer, mientras le encañonaban con una pistola. Juan Ramon Rojo aseguró que cuando le trasladaron al cuartel de La Salve le preguntaron si le habían leído sus derechos y, al contestar negativamente, los guardias civiles le espetaron que sus derechos "estaban en el acantilado con un tiro en la cabeza".
Durante la segunda sesión del proceso que se sigue por torturas contra ocho guardias civiles -el instructor, secretario, y los seis agentes que trasladaron a los detenidos- dos de los arrestados relataron las torturas, los golpes y las descargas eléctricas a las que fueron sometidos en dependencias del instituto armado en Bilbao y en Madrid, así como en los diferente traslados. Frente a la versión ofrecida ayer por los agentes que participaron en su detención -de que se empleó "gran violencia" porque el etarra se resistía- Juan Ramón Rojo dijo que se estaba incorporando del colchón donde dormía cuando recibió un fuerte golpe en la cara con un subfusil y después fue detenido. Rojo admitió que un médico le visitó en el centro de detención y que, tras explorarle, se rió diciendo mientras anotaba las lesiones: "Contigo puedo escribir un libro con todos los golpes que tienes". Las "torturas", "descargas eléctricas" y la aplicación de la bolsa siguieron en el traslado a Madrid y en la Dirección General del instituto armado, en donde siempre estuvo con la cabeza cubierta, según su declaración. "En una de esas sesiones me quedé tumbado en el suelo y no podía mover el cuello", dijo. Relató que los propios agentes le colocaron un collarín, con el que finalmente testificó ante el juez de la Audiencia Nacional. "Llegué a Carabanchel y estaba destrozado", manifestó. Cuando ingresó en prisión, los forenses le apreciaron una hemorragia en el ojo derecho, cervicalgia, numerosas erosiones y hematomas, además de la fractura de una costilla. Rojo, condenado a más de 29 años por su relación con ETA, fue despedido con un fuerte aplauso por parte de los familiares y amigos, mientras respondía con el puño en alto gritando en euskera: "Nuestra es la victoria". El otro colaborador de ETA que declaró fue Francisco Palacios. Desde su detención en su casa de Santurtzi, uno de los agentes "al que le denominaban Garmendia" le advirtió que "iba a cantar por soleares". Antes de ser trasladado a Madrid le dijeron que allí "se iba a enterar de que era eso de estar en manos de la Guardia Civil". Y relató haber sido sometido en los interrogatorios a palizas para sacarle información sobre ETA. Por la tarde, declaró el médico que atendió a Rojo en La Salve, que comenzó a colaborar con este cuerpo por amistad con un agente. Reconoció que presentaba heridas en la cara y dolor de cuello, lesiones "normales" tras una operación de esas características, indicó. Los agentes que declararon reforzaron la tesis de la fiscal de que las lesiones tenían su origen en la "violenta detención" y en la resistencia a los arrestos.
La acusación orienta su estrategia a hacer ver la responsabilidad del agente instructor
Buena parte de los interrogatorios realizados ayer por los letrados de la acusación particular, Kepa Landa y Jone Gorizelaia, estuvieron orientados a mostrar la responsabilidad del instructor y del secretario en la dirección de las diligencias policiales y la obligación que tenían de asegurar la integridad de los detenidos en la operación de desarticulación del comando Vizcaya. Los abogados son conscientes, tal y como admiten en sus escritos de calificación, de que durante la instrucción no han podido acreditar por "prueba directa" los malos tratos denunciados, aunque pretenden atribuir dichas torturas de los detenidos en "base a indicios y deducciones de aplastante lógica". Tanto el instructor como el secretario eran los máximos "responsables" de los detenidos y de velar "por el estado y seguridad de las personas incursas en las diligencias que se estaban instruyendo". Luego la estrategia de la defensa pasa por asegurar al menos una sentencia condenatoria contra los dos funcionarios que debían velar por la integridad de los activistas de la organización terrorista arrestados. Frente a la declaración del primer día del instructor, Arturo Prieto, en la que negó cualquier responsabilidad en la dirección de la operación, y las palabras del secretario, Daniel Simon, según las cuales su tarea fue la de transcribir en papeles lo que le iban relatando, endosando las responsabilidad al instructor, los agentes que declararon ayer dijeron otra cosa. Muchos de ellos reiteraron que el instructor o el secretario eran los que les "comisionaba" para realizar tal o cual tarea y a ellos había que rendir cuentas de las "incidencias". Con todo, los nueve agentes, que declararon tras un biombo, negaron la existencia de malos tratos.
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