Un militante de Cádiz lleva al PP a los tribunales para anular un congreso

Juan Carlos Romero Abréu, militante del PP de Cádiz desde hace 10 años, ha presentado una demanda contra Antonio Sanz, presidente provincial de la formación política; Jesús Mancha, presidente del Comité Organizador del I Congreso Extraordinario del PP de Cádiz; y Francisco Vivas, presidente de la Mesa del Congreso, al entender que éstos permitieron la celebración de la cita congresual "sin ajustarse a derecho y lesionando los derechos de algunos afiliados".

La demanda, que se vio ayer en el Juzgado de Primera Instancia número tres de la Cádiz bajo la forma de una comparecencia de un procedimiento de menor cuantía después de un acto de conciliación fallido, se basa en varias anomalías detectadas por el denunciante durante la convocatoria que tuvo lugar en el mes de junio de 1997, después de que el PP de Cádiz estuviera pilotado por una gestora provisional durante varios años. Las partes, representadas por sus abogados, no alcanzaron ayer acuerdo alguno. El demandante ratificó su demanda y la otra parte reiteró los argumentos del Comité Nacional de Conflictos, que entiende que se trata de "meras formalidades". El PP sostiene que el proceso debería seguirse en Madrid, ciudad en la que el órgano nacional del partido dictó su última resolución. Romero Abréu, que ya logró que el máximo órgano de intermediación del PP retrasara la primera convocatoria, ha terminado pidiendo la anulación del congreso, que se celebró tres meses después. El denunciante sostiene que la organización decidió eliminar del orden del día una ponencia sobre política municipal "hurtando a los militantes cualquier posibilidad de participación", explica. Además, asegura que los organizadores impidieron conocer el censo de afiliados y permitieron que se planteara la única candidatura presentada antes del Congreso y no durante el mismo como establecen los estatutos. El denunciante explica que "se manipularon las listas, en las que se incluyeron a militantes que no cumplían los requisitos exigidos para estar en ellas", ofreciendo, según Romero Abréu, un resultado de "1.703 teóricos afiliados". Al final, resultó elegido presidente Antonio del Castillo, en una votación en la que participaron 83 militantes y que registró 72 votos favorables. Otras presuntas anomalías detectadas por este militantes hacen referencia a que el comité organizador no facilitó las papeletas de voto con, al menos, 24 horas de antelación, así como que no dió el acta del congreso. El presidente provincial del PP, Antonio Sanz, mantuvo ayer que el congreso fue "completamente regular" y recordó que el Comité Nacional de Conflictos ha fallado cuatro veces contra las impugnaciones del denunciante. Sanz no quiso ser más explícito, pues considera que el caso ya está resuelto. Romero Abréu explica que ha llegado hasta las instancias judiciales porque "ésta es la norma en el PP de Cádiz desde hace años, la de no constituir los órganos estatutariamente establecidos" y anuncia que pedirá la anulación del congreso "una vez que los tribunales me den la razón". El comité organizador del congreso rechazó, además, una serie de propuestas de Romero Abréu "para democratizar la vida interna del partido".