El tribunal militar sentencia a más de 15 años de cárcel al sargento Miravete

El Tribunal Militar Territorial Tercero ha condenado al sargento Juan Carlos Miravete Duque como autor de un delito de maltrato de obra a inferior con resultado de muerte en la persona del cabo Samuel Ferrer, al que mató de un disparo el 19 de abril de 1997 en el destacamento militar de Candanchú (Huesca).El Código Penal Militar castiga este delito con penas de 15 a 25 años de prisión, pero el fiscal militar reclamó 18 años al considerar como atenuante el estado de embriaguez en que se encontraba el sargento primero. Las fuentes consultadas indicaron que lo más probable es que el tribunal asuma la tesis del fiscal e imponga a Miravete una pena de 18 años, que lleva aparejada la expulsión del Ejército.

Está previsto que el texto de la sentencia se haga público hoy. El sargento cumple prisión preventiva en la cárcel militar de Alcalá de Henares (Madrid) desde que ocurrieron los hechos.

Durante el juicio, celebrado del 2 al 9 de este mes en Barcelona, Miravete aceptó que fue el autor del disparo que mató a Ferrer, de 19 años, aunque insistió en que lo hizo de forma accidental y tras haber ingerido gran cantidad de alcohol.

Los peritos psiquiatras declararon que el estado de embriaguez del sargento limitaba su voluntad, pero no hasta el punto de privarle de cualquier responsabilidad sobre sus actos. También aseguraron que padece trastornos de personalidad y dependencia grave del alcohol.

La defensa se basó en este diagnóstico para sostener que Miravete no podía ser consciente de las consecuencias de sus actos, por lo que, en todo caso, corresponde imponerle un mes de prisión. Ya en 1984 fue condenado a un año de cárcel y cuatro millones de indemnización por matar con su pistola a un sargento en circunstancias similares. En aquella ocasión los hechos fueron calificados como delito de imprudencia y Miravete no tuvo que ingresar en la cárcel ni tampoco perdió su empleo en el Ejército.

Ahora, sin embargo, el tribunal ha calificado de manera radicalmente distinta los hechos al considerar como abuso de autoridad la conducta de Miravete en los momentos previos a la muerte de Ferrer. El sargento, que estaba al mando del destacamento, ordenó a los soldados corear consignas, formar militarmente, realizar flexiones y apuntarse entre sí con su pistola, lo que fue generando un clima de terror.

La acusación particular, ejercida por la Oficina del Defensor del Soldado en nombre de la familia del fallecido, pidió 20 años de cárcel y una indemnización de 39 millones de pesetas, que el fiscal rebajó a 15 millones y el abogado del Estado a sólo 10. Todas las partes están de acuerdo en que el Estado sea declarado responsable civil subsidiario, por lo que deberá responder del pago de la indemnización en caso de insolvencia de Miravete.