Campaña de acoso
Ya están todos. Dispersados tras la confesión de Anson de haber participado en una conspiración para derribar al anterior presidente del Gobierno, hacía meses que no actuaban en formación. Ahora han vuelto a alinearse, esta vez en defensa del juez Gómez de Liaño. En pura campaña de propaganda, acusan de prevaricación a los jueces del Tribunal Supremo que han confirmado el procesamiento de ese magistrado, que tanta fama adquirió como instructor del caso Sogecable. Puño de hierro, pero mandíbula de cristal, los defensores de Liaño se han rasgado las vestiduras, en nombre de la libertad de expresión, cuando el presidente de la Sala Segunda del Supremo, José Jiménez Villarejo, ha recurrido al órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General, pidiendo una reacción contra lo que considera "torpes insinuaciones y graves calumnias" vertidas contra los jueces que han confirmado el procesamiento de Liaño.Un procesamiento no es una condena, aunque ciertos procedimientos de instrucción busquen a veces anticiparla ante el tribunal de la opinión pública. Varios jueces, en los pasos procesales pertinentes, han encontrado indicios de que eso es lo que hizo Gómez de Liaño durante 250 días de instrucción "errática", según el calificativo de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que también considera "innecesarias, irrazonables y desproporcionadas" las siete resoluciones, siete, del instructor que fueron corregidas por el organismo jurisdiccional correspondiente. Pero Gómez de Liaño no está condenado. El procedimiento seguido hasta ahora ha contado con todas las garantías procesales y tendrá la oportunidad de defender que aquellas decisiones que tomó en su día y que ahora le van a llevar al banquillo se ajustaban a derecho. Claro que sería deseable que el caso se resuelva sin dilaciones indebidas y sin que el acusado se vea sometido a decisiones arbitrarias. Pero en cualquier caso serán los jueces quienes decidan si Gómez de Liaño dictó a sabiendas resoluciones injustas.
Los jueces, decimos, y no sus amigos periodistas. Como escribió Alain Minc en su ensayo sobre el poder de la opinión pública, "el juez de instrucción se convierte en un poder cuasi omnímodo cuando utiliza la prensa como caja de resonancia". Invocar la libertad de expresión para justificar los insultos y graves imputaciones contra los dos jueces que han confirmado el procesamiento de Gómez de Liaño no es otra cosa que envolver en celofán una pura operación de acoso. Si alguien cree que existe algún tipo de delito en la actuación de dos magistrados, la ley señala el camino a seguir. El resto son, seguramente, "torpes insinuaciones y graves calumnias".
