Chamizo reprende a la Junta por la "ignorancia" de sus altos cargos sobre el convenio penitenciario

El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, no está nada contento con que varias direcciones generales dependientes de la Junta desconozcan el alcance del Convenio de Cooperación en materia penitenciaria entre las administraciones central y autonómica. Lo peor, según el informe elaborado por la institución encabezada por Chamizo, es que muchas de esas dependencias están involucradas en la materia y consideran el citado convenio, suscrito en 1992, como algo "que se firmó por las alturas", sin tener en cuenta las ya longevas colaboraciones en sanidad y educación.

Las áreas de Información, Cultura, Deportes y Asistencia Social son las que peor paradas salen del texto elaborado a lo largo de más de año por la oficina del Defensor del Pueblo. El informe conmina a estas administraciones a dinamizar el diálogo y sostiene que la Comisión de Seguimiento del convenio no ha llegado a elaborar ningún programa anual y ni siquiera una memoria sobre la evolución de la colaboración. Como ejemplo, se destaca que la Comisión de Seguimiento dejó pasar dos años y nueve meses entre su tercera y cuarta reunión. La responsabilidad de todo esto recae, siempre según el citado informe, en la "escasa actividad desplegada por los órganos autonómicos específicamente llamados a las tareas de coordinación, que no eran otros que la Consejería de Gobernación y su antigua Dirección General de Administración Local y Justicia". La reorganización que ha llevado a fusionar Gobernación y Justicia, parece haber tenido, sin embargo, un efecto favorable aunque "aún insuficiente". Seis años sin programas Sobre la información que deberían recibir los internos y los funcionarios, incluyendo la relativa a su propia situación jurídico-procesal, Chamizo sostiene que es "inexistente y sin ninguna programación específica en los seis últimos años". Sobre Educación, el Defensor tiene una percepción más benévola pero también pide que se aumente el número de docentes destinados a las penitenciarías y que se resuelva la "indefinición" de la situación funcionarial del colectivo de docentes. El fomento y la capacitación para el empleo en las cárceles se lleva una de cal y otra de arena. Por un lado se destaca que en los primeros años el ritmo de los cursos fue bastante bueno en frecuencia y resultados, pero falla a la hora de desarrollar escuelas taller o casas de oficios y de fomentar la contratación de excarcelados. En el área de Cultura, según el informe, no se han desarrollado adecuadamente ninguna de las medidas acordadas y tan sólo acciones a nivel provincial han colaborado a mejorar el panorama. Sobre el aspecto deportivo, ni siquiera ha ocurrido eso, a pesar de la existencia de "un interesante proyecto". El área de Salud ha desarrollado con bastante eficacia los programas, aunque quedan muchos flecos en el área psiquiátrica o en la creación de unidades hospitalarias de custodia y la asistencia especializada en los centros penitenciarios. De modo más general, al Defensor del Pueblo Andaluz le preocupa el aumento paulatino del número de reclusos. Aún sin sacar conclusiones ni emitir juicios, el informe considera que el avance del número de toxicómanos en las dos últimas décadas es una de las causas de mayor peso. También influye el hecho de que en las nuevas cárceles hayan ingresado reclusos andaluces que antes estaban encarcelados en otras regiones. Sobre el avance en la construcción o modernización de las cárceles, el informe destaca el gran impulso logrado en los últimos años (en concreto en los centros de Córdoba y Algeciras, aún en obras), aunque denuncia que aún persiste más de lo debido la costumbre de tener a dos presos en una celda concebida para ser individual. Asimismo, se pone una ligera pega a la lejanía de estas nuevas cárceles de los centros urbanos y a la burocracia que ha motivado el carácter "mastodóntico" de las mismas.