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Interior está tramitando la solicitud de indemnización para los familiares de 18 víctimas de los GAL

El Ministerio del Interior está tramitando 18 solicitudes de indemnización a las familias de otras tantas víctimas de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL). Así lo manifestó ayer en el Congreso el titular del departamento, Jaime Mayor Oreja, ante una pregunta de la diputada del PNV Margarita Uría.

"¿Tiene pensado el Gobierno compensar o resarcir a quienes han sido víctimas de cualquier actuación contraterrorista?", interpeló la parlamentaria.Uría reconoció que podría haber problemas jurídicos, entre otras circunstancias por la posible prescripción del derecho a indemnización.

Mayor Oreja resaltó que el Consejo de Estado tiene un planteamiento amplio sobre este asunto. Puso a título de ejemplo el caso de la viuda y la hija de Tomás Alba Irazusta, asesinado por el Batallón Vasco Español el 28 de septiembre de 1979 en San Sebastián, a las que Interior les notificó el 12 de agosto del año pasado la concesión de una ayuda.

En la actualidad se están tramitando ya las solicitudes formuladas por familiares de 18 personas presuntamente asesinadas por los GAL, según el ministro. Las peticiones se han presentado al amparo del Real Decreto de 23 de enero de 1998, en el que se regulan los criterios de asignación de ayuda a las víctimas del terrorismo, derivadas de los beneficios obtenidos en el sorteo de la Lotería Nacional celebrado el 18 de octubre de 1997.

"Todas esas peticiones serán estudiadas junto con otras 800 cursadas por familiares de víctimas de ETA o GRAPO", según Mayor Oreja. "Una vez más, el Gobierno hará estricto cumplimiento de la ley, que será su único referente en aplicación de estas medidas", añadió.

El real decreto citado reconoce la posibilidad de indemnizar tanto a víctimas de organizaciones terroristas como de bandas armadas u organizadas y acepta que la legislación anterior había dejado fuera de cobertura a las víctimas de hechos acaecidos antes del 1 de enero de 1976.

Solidaridad

El decreto señala también que "el largo tiempo transcurrido desde la comisión de muchos atentados aconseja abrir la posibilidad de examinar la situación económica y personal de sus víctimas en el momento actual, de acuerdo con el principio de solidaridad".Según el real decreto, podrán ser beneficiarios quienes hubieran sufrido actos terroristas o hechos perpetrados por personas integradas en bandas armadas, "siempre que el delito causante del daño se cometiera con posterioridad al 1 de junio de 1968".

Laura Martín Garrido, viuda de Juan Carlos García Goena, asesinado por los GAL en 1987 en Hendaya, consideró "un gesto de humanidad" que el Gobierno indemnice a las familias de las víctimas de los GAL igual que a las de ETA. Martín, tras considerar que "no hay diferencias" entre unas personas y otras, añadió: "Nos quedaríamos como los apestados de esta sociedad [si el actual proceso de paz no tuviera en cuenta a los perjudicados por los GAL]".

El ministro del Interior dejó claro que no hay problema en que las familias de víctimas de los GAL perciban indemnización pese a que los tribunales no consideran a estos grupos como banda terrorista.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 12 de noviembre de 1998