El Gobierno cambiará la política penitenciaria sólo si ETA deja definitivamente las armas

El Gobierno está dispuesto a flexibilizar su política penitenciaria, tal como le ha pedido por unanimidad el Congreso, para facilitar el proceso de paz en Euskadi, pero advierte de que no tiene intención de hacerlo antes de que ETA abandone definitivamente las armas. El portavoz del Ejecutivo, Josep Piqué, responde así al acuerdo alcanzado la víspera entre todos los grupos parlamentarios, incluido el PP, en demanda de medidas a favor de los presos de la banda terrorista. Desde La Moncloa se señala que este matiz ya lo anticipó José María Aznar el 2 de octubre. Se descarta, pues, la pretensión del PNV de que el Gobierno acerque a los reclusos a cárceles de Euskadi antes de Navidad. Además, según Piqué, la moción no compromete al Gobierno a excarcelaciones masivas ni, como pide HB, a una amnistía, prohibida por el ordenamiento constitucional.

Josep Piqué aclaró ayer que el Gobierno no considera que se esté ya "ante un proceso de paz", sino "simplemente ante una tregua" de ETA. El portavoz del Ejecutivo señaló que el proceso de paz propiamente dicho sólo se iniciará en el instante en que el Gobierno tenga constancia de que ETA abandona definitivamente las armas. "Éste es nuestro objetivo prioritario", recalcó. Cuando llegue ese momento, según manifestaron fuentes de La Moncloa, José María Aznar hará pública una cuarta declaración para anunciarlo. Este paso se dará, según las mismas fuentes, con el acuerdo previo de los partidos democráticos y especialmente el del PSOE, con el que el Gobierno está en contacto permanente.Pero ese proceso aún no ha empezado. El Gobierno sigue a la espera de que ETA nombre a sus interlocutores y establezca contacto para plantear sus pretensiones y dar garantías del cese definitivo de las armas. "Estamos aguardando", dijo ayer Piqué, quien insistió en que, ante todo, ETA debe convertir la tregua en definitiva.

El portavoz del Gobierno salía con ello al paso de las declaraciones del portavoz parlamentario del PNV, Iñaki Anasagasti, quien pretende que el Ejecutivo aplique antes de Navidad una política "flexible, inteligente y total" hacia los presos de ETA, siguiendo no sólo el acuerdo unánime del Congreso sino también el que alcanzó en su día el Parlamento vasco a favor de un acercamiento de los presos a cárceles vascas.

En contra del planteamiento del Gobierno, Anasagasti desvincula el proceso de paz y el acercamiento de los presos. "No queremos vincular un proceso de paz con una situación de los presos a los que, a nuestro juicio, se tiene que aplicar la política penitenciaria", dijo el portavoz del PNV.

Pero Piqué aclaró que la flexibilización en la política penitenciaria, aunque la pida el Congreso, llegará sólo cuando ETA haga definitivo el cese de la violencia. Y fue más allá. Advirtió de que no hay que confundir esta flexibilización, acordada por todos los grupos parlamentarios el martes pasado, con una excarcelación masiva de presos o una amnistía -demandada también el martes por HB en sendas ruedas de prensa en Londres y Roma-, que no está permitida por la Constitución. El precedente de la disolución de ETA político-militar, en el que se inspira el Ejecutivo, no tuvo excarcelaciones masivas, sino medidas como el sobreseimiento de sumarios, retirada de acusaciones e indultos en la primera mitad de los años ochenta. Fue un proceso de goteo, ceñido a dos años y medio, por el que salieron de las cárceles y regresaron del exilio dos centenares de etarras.

El ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, también aclaró ayer que, en todo caso, la estrategia penitenciaria forma parte precisamente de lo que el Gobierno tiene que hablar con ETA, y no de temas políticos. Este planteamiento tiene buena acogida en el principal socio del Gobierno, CiU. Para su portavoz en el Congreso, Joaquim Molins, lo único que tiene que ponerse sobre la mesa de negociación entre el Gobierno y ETA es "la reinserción de etarras".