REFORMA LEGISLATIVA A propósito de la Ley de Publicidad

Juan Luis Cebrián tiene escrito que "para hacer cambiar la opinión pública, clave de influencia en todo proceso electoral, se necesita algo más que una buena campaña publicitaria". Los resultados electorales del PSOE en los últimos tiempos, pese al vendaval mediático que lo intentó asfixiar, representan quizá un ejemplo histórico de que las convicciones populares resisten a las orientaciones de los medios de comunicación afines a la derecha. Pero partiendo de la afirmación de Cebrián, considero que la mejor garantía de trasparencia y limpieza democrática, para que todo no descanse en el olfato de la sabiduría de los ciudadanos, es una buena ley de publicidad institucional que delimite las reglas de juego y la igualdad de oportunidades en el periodo electoral. En estos momentos, en Andalucía está en vigor la Ley 5/1995, de 6 de noviembre, que fue aprobada por los grupos de la oposición durante el periodo conocido como la pinza. Esta norma contiene verdaderas barbaridades, auténticas pasadas, como reconoce ahora el propio Luis Carlos Rejón (IU). La citada ley prohíbe que se realice durante dos meses cualquier tipo de actividad con proyección exterior de la Junta de Andalucía, las corporaciones locales y las empresas participadas en alguna medida por éstas. Es decir, convierte en delito los anuncios de los periodos de vacunación, cualquier campaña de prevención sanitaria, el anuncio de una epidemia, las informaciones sobre el control de alimentos, ruedas de prensa, la publicitación de espectáculos públicos, o la simple promoción de coches de Santana Motor, por citar algunos ejemplos. Para dar una solución a esta sarta de despropósitos, que han supuesto un grave daños para el sector publicitario y una merma del derecho de información de los ciudadanos, el Gobierno andaluz ha aprobado una nueva Ley de Publicidad, que por su contenido se va a convertir en la más moderna y democrática de España. Por primera vez, una administración restringe las campañas publicitarias destinadas a resaltar la gestión pública, los logros realizados, y las distingue de aquellas otras que prestan un servicio ciudadano o administrativo y que inciden en la transparencia de las actuaciones públicas. Este principio creo que debería sentar precedentes en el resto del Estado, por cuanto supone un avance democrático muy importante. Tan es así, que el Gobierno andaluz, en función de las competencias exclusivas que le otorga el Estatuto de Autonomía (artículos 13 y 15), tiene la voluntad de hacer extensivo este logro democrático, estas restricciones, a lo que llamamos en tono coloquial autobombo, a las demás administraciones. Estamos convencidos que lo contrario provocaría en los andaluces una doble frustración: observar que otros comicios no responden a los hábitos democráticos derivados de esta medida, y sospechar que las urnas no son iguales para todas las fuerzas políticas concurrentes. La nueva Ley de Publicidad de la Junta introduce, en principio, esa obligatoriedad para las convocatorias andaluzas, y ha optado, en aras del consenso con los grupos políticos, por que sea el Parlamento andaluz el que tome la iniciativa de instar al Gobierno central a seguir el mismo camino, que no es otro que el marcado sobre este concepto por el portavoz del PP, Álvaro de la Cruz, en el debate parlamentario de aprobación de la ley de la pinza: "Queremos que ésta fuera una regulación que afectara a todo el conjunto del territorio nacional, (...) que hubiera estado vigente para todas las comunidades autónomas, todos los ayuntamientos, diputaciones, etcétera. Pero le digo más: esta iniciativa (...) fue uno de los once puntos que José María Aznar presentó en febrero del año 1992 como una de las medidas de regeneración". La vía del consenso político, y no la de la revancha que presidió la anterior legislatura, nos parece la más apropiada para la nueva Ley de Publicidad Institucional, llamada a marcar un hito en la profundización democrática de este país. Pero que a nadie le quepa la menor duda de que, en caso de que otros flaqueen, de que pretendan convertir el avance andaluz en una oportunidad para sacar ventaja, el Gobierno andaluz acometería la reforma de la Ley Electoral de Andalucía, tal como propone el Consejo Consultivo, para garantizar la limpieza de las elecciones, de todas las elecciones. Después de veinte años de Constitución, de veinte años de libertades, los ciudadanos no van a tolerar que, en unas mismas elecciones, Aznar se olvide de que la publicidad institucional tiene un objetivo distinto del que hace Manuel Fraga en Galicia, y que Manuel Chaves compita en inferioridad de condiciones en las urnas. En cualquier caso, como decía Cebrián, hace falta algo más que una campaña publicitaria para ganar las elecciones. Hace falta gestión y dar un mejor trato a Andalucía.GASPAR ZARRÍAS ARÉVALO

Gaspar Zarrías es consejero de la Presidencia de la Junta.