El Estado en el mercado

Fue la doctrina francesa de los primeros años de este siglo que ahora acaba la que construyó el concepto de servicio público para englobar en él toda la actividad prestacional del Estado, los bienes y servicios que las administraciones públicas deben ofrecer bajo su responsabilidad a los ciudadanos en todos los ámbitos territoriales en que los poderes públicos se desenvuelven: los servicios locales -alumbrado, abastecimiento de aguas, limpieza y cementerios, entre otros-, provinciales -incendios, orden público, carreteras-, o estatales -educación, asistencia social, sanidad, correos, etcétera-. Éstos son los servicios públicos cuya titularidad corresponde a la Administración y que se gestionan, sin atender necesariamente regla alguna de mercado y de competencia, sin otros objetivos prioritarios que el bienestar de la población y la satisfacción del interés general.La fuerza de la construcción fue suficiente como para que los servicios públicos hayan terminado formando parte de la cultura de los pueblos de Europa y fuesen reconocidos en los propios textos de las constituciones como una de las obligaciones básicas de los poderes públicos. Las crisis económicas del final del siglo, la globalización de la economía, los cambios ideológicos en favor del liberalismo de mercado que imita las soluciones americanas de intervención del Estado en la economía, la revolución tecnológica que ha afectado a sectores con tanto peso como las telecomunicaciones, la televisión, los transportes, el gas y la electricidad, etcétera, y el impulso de la Comunidad Europea, convencida de la necesidad de eliminar los monopolios y de abrir los mercados a la competencia, son los factores que amenazan más seriamente la conservación de la cultura del servicio público.

Las obligaciones de las administraciones públicas o se entregan ahora a empresas privadas para que las cumplan en régimen de libertad de mercado, o se obliga a las empresas y organismos públicos a que presten los servicios públicos en régimen de competencia con otras empresas privadas, sin monopolios y sin privilegios especiales.

El libro de Santiago Muñoz Machado constituye un esfuerzo personal de gran envergadura para aclarar las dimensiones reales de la crisis actual de los servicios públicos. Ha reconstruido para ello toda la teoría general (en el volumen primero, denominado Los fundamentos) basándose tanto en las críticas y aportaciones de otros estudiosos y de las propias instituciones europeas, como en su observación y análisis directos de tres sectores fundamentales (las telecomunicaciones, la televisión y el sector eléctrico, que estudia en profundidad en los volúmenes II a IV). La tesis básica del libro, asentada en una información abrumadora, es que el servicio público sigue siendo una noción válida.

La introducción de los principios propios del mercado libre y la competencia sólo afecta, por otra parte, a los servicios públicos de carácter económico, no a los servicios sociales básicos o los de solidaridad, como la educación, la sanidad o los asistenciales, sobre los que se apoya decisivamente el Estado de bienestar. Los servicios públicos económicos, por su parte, tampoco desaparecen, ni se desautoriza a las administraciones públicas para que sigan gestionándolos, directamente o a través de empresarios interpuestos.

Lo que resulta necesario es un cambio de modelos de gestión y, sobre todo, de régimen de dichos servicios. Deben despojarse los organismos y empresas públicas de los privilegios económicos (derechos especiales o exclusivos, preferencias de cualquier género, financiación pública o ayudas que no se correspondan con la lógica del empresario bien ordenado) de los que han disfrutado, y operar en un mercado abierto a la competencia.

Todo ello, al tiempo que se sitúa la noción de servicio público en su verdadero lugar, explicando por cuántas razones se ha tergiversado en algunos sectores como la televisión. Muñoz Machado concluye con este libro un trabajo innovador, que se corresponde con la fama bien ganada de jurista de primera línea en toda Europa, aportando construcciones e informaciones de la mayor importancia para el Derecho Público de la economía de nuestro tiempo, que invita a reconstruir dejando pautas sobre las que dicha reconstrucción tendrá que hacerse. Me complace mucho hacerme eco, desde la Universidad de París, de una obra tan importante, construida con materiales tan europeos, clásicos y modernos.