La Audiencia de Barcelona fija la fecha para la primera vista contra De la Rosa
El primer juicio en España contra Javier de la Rosa ya tiene fechas, el 13 y 14 de octubre del próximo año. La Sala Segunda de lo Penal de la Audiencia de Barcelona verá entonces un caso de supuesta falsedad documental en relación con la Kuwait Investment Office (KIO) mediante dos cartas falsas supuestamente confeccionadas por De la Rosa. El fiscal pide tres años de prisión y una multa de nueve millones.
El caso se inició en 1993 con una demanda de De la Rosa contra KIO en la que reclamaba que hiciera frente a la recompra de unas acciones por importe de 51.900 millones de pesetas. Como prueba de que KIO debía hacer frente a ese compromiso, De la Rosa aportó dos cartas, pero los informes periciales encargados para verificar la autenticidad de los documentos, elaborados por el perito calígrafo Francisco Orellana y por el Home Office Foresinc Science Laboratory británico, concluyeron que los documentos eran falsos.
En ese momento, KIO presentó una demanda por falsedad documental y tras la instrucción se dictó auto de apertura de juicio oral.
No es éste el primer caso en el que se imputa a De la Rosa la supuesta confección de documentos de dudosa veracidad. En la Audiencia Nacional, en la Corte de Londres y en el Juzgado número 1 de Barcelona se siguen otros tantos asuntos del mismo tenor. También se le imputó la supuesta confección de cartas falsas con la firma del empresario Manuel Prado y la corona que forma parte del membrete de la Casa del Rey.
Fiscal general de Kuwait
Por otra parte, el fiscal general de Kuwait, Abdel Hay al Bannai, se reunió durante tres horas con el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, y el fiscal del caso Torras, que se instruye en la Audiencia Nacional, Salvador Viada. El representante de Kuwait expresó su satisfacción por el desarrollo de la instrucción sobre las pérdidas de sus empresas en España, a causa de la cual De la Rosa se encuentra en prisión. Al Bannai manifestó su interés por obtener una compensación material de sus pérdidas, pero también por conseguir que sus responsables sean castigados de acuerdo con la legislación española. También se estudió el posible intercambio de información.
