Polémicas urbanísticas causan la crisis del PP en tres pueblos de Castellón

El PP mantiene tres frentes abiertos en otros tantos municipios de la provincia de Castellón y todos ellos han tenido su origen en cuestiones urbanísticas. Almassora, Vila-real y Peñíscola son las localidades en las que el gobierno municipal popular ha habido de hacer frente, en el menor de los casos, a movilizaciones de cientos de vecinos. [EN] En Peñíscola, el problema ha desembocado en crisis política y el alcalde, Constantino Simó, ha sido expulsado de las filas del Partido Popular.

En Vila-real, Manuel Vilanova, se enfrenta a varias denuncias que pueden volverse en su contra tras la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para legalizar las obras que el Villarreal C.F. está realizando en El Madrigal. Vicente Vilar, en Almassora, mantiene abierta la brecha en torno al futuro polígono industrial sobre cuyo diseño y ubicación pesan sospechas de intereses creados. Las tres son localidades estratégicas: Almassora, por sus lindes con la capital de La Plana y por la existencia de una parte importante de la industria citrícola castellonense; Vila-real por sus dimensiones y la concentración de la mayoría de las empresas del sector azulejero; y Peñíscola por liderar los indicadores turísticos de la provincia. El anuncio de construcción de un puerto deportivo en esta última precedió al proyecto de una gran urbanización, en una de las escasísimas zonas libres de edificios de la población. Una amplia sociedad conformada, entre otros, por grandes empresas inmobiliarias, abanderaba el proyecto. El gobierno municipal se sostenía con los tres concejales del PP, dos de UV y un edil independiente, de Nostra Peñíscola, desacreditado por su partido, que mantenían a los cinco el PSPV en la oposición. El apoyo de un tránsfuga del PP posibilitó la presentación de una moción de censura, hace más de un año. La negativa del alcalde, Constantino Simó, a convocar el pleno para debatirla se basó en la existencia de intereses urbanísticos en el puerto deportivo por parte del concejal tránsfuga. Pese a la existencia de una sentencia que obliga a Simó a fijar la convocatoria, éste ha decidido aferrase al cargo y agotar los recursos. Este hecho ha provocado, después de un año sin plenos, su expulsión del PP, cuyo presidente provincial es Carlos Fabra. En Vila-real, la modificación del PGOU para legalizar las obras del campo de fútbol ha estado precedida de varias denuncias de vecinos afectados por el proyecto. Vilanova se enfrenta al hecho de haber legalizado una obra concluida sobre la que pesaba una orden de paralización. Los problemas de Vilanova no acaban en El Madrigal. El alcalde tiene también problemas con el futuro polígono industrial de la vecina Almassora. La asociación de vecinos Santa Quiteria-Boverot ha recogido miles de firmas contra la ubicación del suelo industrial en un lugar delimitado por la Rambla de la Viuda y el cauce del Río Mijares. Además del posible impacto medioambiental, los vecinos han denunciado presuntos intereses creados sobre la zona. Para ello, se basan en la compra de terrenos por parte de, al menos, dos empresas (Arcillas Atomizadas y Porcelanato) meses antes de la exposición pública del nuevo PGOU.