Crónica de una masacre anunciada

El triste episodio acaecido en el madrileño pueblo de Villamanta, donde alrededor de tres mil perdices fueron abatidas en los dos primeros días de la temporada de caza, ha dejado maltrecha la imagen de los cazadores y ha puesto de manifiesto el anacronismo e improcedencia de que sigan existiendo terrenos libres para la caza.La caza, en los albores del siglo XXI, se ha convertido en una actividad del campo comparable a la agricultura o la ganadería, hasta el punto de que el propio Consejo de Europa recomendó en 1987 la actividad cinegética como alternativa ideal a las agropecuarias en determinadas regiones deprimidas. Para que la caza sea considerada como tal alternativa debe cumplir dos condiciones: que sea una actividad económica potente, generadora de riqueza y empleo, y que sea un aprovechamiento sostenido, compatible con un cierto nivel de biodiversidad. La primera condición se produce con creces, mientras que ejemplos como el de Villamanta ponen en tela de juicio la validez de la segunda condición.

La caza moderna se lleva a cabo a través de planes de ordenación cinegética, que, a grandes rasgos, garantizan que las poblaciones de perdices, liebres, corzos, etcétera, se renueven de una manera óptima año tras año. Además de llevar a cabo mejoras en el hábitat para el desarrollo idóneo de las especies, el plan cinegético establece un cupo de captura anual, basado en el número de ejemplares que quedaron al final de la temporada pasada y en base a unos cálculos teóricos en los que se incluyen las tasas de natalidad y mortalidad natural. Este cupo de capturas pretende garantizar que al final de la temporada sobreviva una parte de la población cinegética lo suficientemente numerosa como para que, al reproducirse, su densidad se aproxime a la cifra óptima que admite el medio en el que viven.

Ya no se caza, por tanto, sin límites, "todo lo que sale" o "todo lo que se puede", como se ha venido haciendo hasta hace bien poco. Se caza de manera racional y previsora para garantizar un aprovechamiento sostenido de las poblaciones naturales, de acuerdo a la filosofía moderna que rige cualquier aprovechamiento natural.

La llegada de los planes de ordenación cinegética ha permitido una explotación lógica y ordenada del recurso de la caza, pero ¿dónde están implantados dichos planes? Depende de cada comunidad autónoma, pero en general en los cotos de cierta extensión, y sobre todo en los de caza mayor. En ningún caso en los terrenos "libres". Ello quiere decir que en las zonas "libres" aún no ha llegado el desarrollo y se sigue cazando como en la prehistoria, el máximo posible, sin límites de cazadores ni de piezas.

Los terrenos "libres" son aquellos que no están sometidos a ningún régimen cinegético especial, y por tanto se puede cazar en ellos con la sola posesión de la licencia de caza. En los terrenos "libres" patean el monte los cazadores con menos posibilidades económicas, casi siempre vecinos de grandes ciudades. Casi un 80% del territorio nacional español se halla acotado o bajo algún otro régimen cinegético especial. Si tenemos en cuenta que las poblaciones, masas de agua, vías de comunicación, etcétera, suponen un porcentaje apreciable de la superficie, deduciremos que la proporción de terrenos "libres" en España es ínfima. En muchos terrenos libres, el levantar una perdiz alcanza la categoría de acontecimiento. La mayor parte de ellos están arrasados, y si alguno posee una pequeña riqueza cinegética, quedará borrada del mapa a partir de la segunda semana de caza.

Pero la culpa de esto no la tienen los sufridos cazadores, que acuden a donde las rigurosas normas y leyes les ofrecen una mínima oportunidad. Las responsables son algunas administraciones autónomas que aún permiten cazar sin ninguna previsión ni límites en los albores del siglo XXI.

Algunas comunidades autónomas que han promulgado sus propias leyes de caza, como Castilla y León y La Rioja, han comprendido este problema y han eliminado la figura de los terrenos libres. No se trata de que los cazadores humildes dejen de tener sus oportunidades, sino de que cada autonomía organiza la caza en esos terrenos de una manera racional y de acuerdo a un plan cinegético para que la disfruten, por ejemplo, los cazadores que no tengan acceso a cotos privados.

El caso de Castilla y León o La Rioja es un buen ejemplo de adaptación a los tiempos modernos. No así el de Madrid, sobre cuyos hombros recae la responsabilidad de la masacre al permitir aún las zonas "libres". Los titulares de Medio Ambiente, además, deberían haber previsto una invasión de cazadores anunciada al dejar repentinamente como terreno "libre" a una de las mejores zonas perdiceras de España, pudiendo haber impuesto una veda temporal antes de abrirse la temporada.

En cualquier caso, y a pesar de los ríos de tinta que han corrido, la valoración del impacto ecológico de este episodio es baja, ya que probablemente las poblaciones de perdices y liebres se podrán recuperar en poco tiempo. Es más un problema estético y una nueva pérdida de imagen de los cazadores, que en este caso han cumplido la ley y no tienen la culpa.