Zarrías dice que la ley de Publicidad es el "mayor desafuero autonómico"

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobará en su reunión del próximo martes la reforma de la ley de Publicidad Institucional, normativa que para el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, es el "mayor desafuero de la autonomía". La modificación contará con el voto en contra del Partido Popular, cuyo portavoz, Antonio Sanz, acusó ayer a los socialistas en la sesión de control del Parlamento de querer un "cheque en blanco para hacer campañas partidistas" desde el Ejecutivo.

La ley que ahora va a cambiar el Gobierno andaluz prohíbe a las administraciones andaluzas hacer cualquier campaña publicitaria en los dos meses que transcurren desde la convocatoria de elecciones hasta el día de su celebración. El veto no discrimina qué mensajes pueden ser o no emitidos, de manera que todos entran en el mismo saco ya sean de carácter informativo, administrativo o la pura propaganda. La restricción actual afecta también, según afirmó el consejero de la Presidencia, a los ayuntamientos y diputaciones, por lo que afirmó que si no se cambia la ley los alcaldes populares (citó a la de Sevilla, Soledad Becerril) no podrá "hacer campañas sobre qué calles se han cerrado al tráfico ni de ahorro de agua". Zarrías y Sanz tuvieron un debate fallido. El popular consumió en su primer turno todo el tiempo del que disponía para su intervención (tres minutos), lo que le impidió un turno de réplica. Sanz defendió la actual ley de Publicidad Institucional, que calificó de "rigurosa", dijo que los socialistas utilizan el Parlamento "como una apisonadora" y afirmó que la modificación es "una bofetada enrabietada" a las sanciones de la Junta Electoral Central a una de las campañas de turismo de la Administración andaluza durante las elecciones autonómicas de 1994. Fue precisamente esa campaña (titulada Sólo en Andalucía, tanto en tan poco tiempo) la que dio pie a que todos los grupos de la oposición se pusieran de acuerdo en la anterior legislatura para elaborar la norma. "El PSOE lo que quiere son leyes que sean un traje a su medida", subrayó Sanz, quien pidió al Ejecutivo que "se deje de trucos, consistentes en utilizar la ley en campañas paralelas". Fuentes populares afirmaron que el PP no negociará con los socialistas la modificación legislativa de la Publicidad Institucional, si bien sí están de acuerdo con el Gobierno en que se apruebe antes de las elecciones, para que los ayuntamientos puedan hacer campañas informativas, actualmente también prohibidas. La reforma que persigue la Consejería de la Presidencia sigue vetando la publicidad sobre "logros" de la gestión política en época electoral, pero permite las que informan a los ciudadanos de sus deberes y derechos y las relacionadas con actos administrativos (contrataciones, adjudicación de obras). El proyecto de ley, además, extiende la limitación a la Administración central, aunque existen dudas jurídicas de si la Junta puede salirse de su ámbito de competencia. Gaspar Zarrías no informó del contenido de la nueva ley y se limitó a comentar que la reforma persigue "transparencia y legalidad" y "cambiar el odio y el rencor por el consenso".