El juicio del "caso Intelhorce" se inicia hoy con 31 acusados y peticiones de nulidad
Cuatro años después de que el juez Juan Francisco Ramírez Barroso iniciara la instrucción, la Audiencia Provincial de Málaga inicia hoy la vista oral del caso Intelhorce. En el banquillo se sentarán 31 imputados -pueden ser 44 si finalmente se admite el escrito de acusación de una de las cinco partes personadas, que lo presentó fuera de plazo- que tendrán que dar cuenta de la supuesta desviación de fondos de la fábrica textil después de su privatización en 1989. Casi 600 testigos están citados a una vista que puede prolongarse medio año.No será sólo la personación de los trabajadores afectados la única cuestión previa que el tribunal debe resolver. Algunas de las defensas van a solicitar que el caso sea visto por la Audiencia Nacional; otras sostienen que parte de los delitos están prescritos, y hay incluso quien plantea que la causa ya ha sido juzgada, pues en noviembre de 1991 la fiscalía rechazó una querella de CCOO en la que se relataban algunos de los hechos que se van a juzgar, al no estimar entonces indicios de delito.
El escrito presentado fuera de plazo es el único de las cinco acusaciones personadas que plantea petición de prisión contra ex altos cargos de Economía de la Administración socialista, por presuntos delitos de malversación y prevaricación en la privatización de Intelhorce. Tanto CCOO como UGT han retirado sus acusaciones contra altos cargos por entender que no tenían cabida en el nuevo Código Penal. En ambos casos, la decisión ha supuesto la renuncia de los letrados que representaban a las centrales por su disconformidad con la medida.
El tribunal tendrá que determinar si el empresario italiano Giovanni Orefici acudió al proceso de privatización de Intelhorce con un plan predeterminado para saquearla; cómo consiguió que le fuera vendida una fábrica saneada con 21.000 millones de capital social si él mismo ha reconocido que no tenía solvencia suficiente; y la posterior trama de desvío de dinero que se urdió hasta que en 1992 la empresa tuvo que volver bajo tutela pública por estar en quiebra.
La fiscalía pide para Orefici penas que suman 33 años de prisión por siete delitos. Junto a Orefici, los principales imputados son el ex administrador José Manuel Muñiz (petición de 32 años de prisión), el ex director financiero Abel Arribas (28 años de prisión) y el ex presidente de Improasa José Miguel Moreno García, para quien el fiscal pide ocho años de prisión.
