El PSOE acusa al Gobierno de suplantar al Parlamento con el fondo para América Latina

El Real Decreto-Ley sobre adhesión de España a los acuerdos del Fondo Monetario Internacional, por el que se aprobó una aportación de casi 900.000 millones de pesetas, en gran parte para ayudar a América Latina, se ha topado con un requisito legal que puede ser de calado. El Grupo Socialista considera que el Gobierno "ha invadido las competencias" del Parlamento al haberlo aprobado sin la previa autorización de las Cámaras y ha presentado una propuesta de planteamiento de conflicto de atribuciones. Mantiene que no debió hacerse por decreto-ley.

El Gobierno aprobó el día 9 de octubre el Real Decreto-Ley de adhesión al FMI que posibilita ayudas de más de 6.000 millones de dólares de acuerdo a los compromisos de aumentos de cuotas y obtención de préstamos adquiridos en la asamblea de Hong Kong en 1997 y la propuesta española de dar fondos para ayudar a América Latina. Al día siguiente salió promulgado en el Boletín Oficial del Estado. El Real-Decreto establece que "se aprueba la adhesión del Reino de España como miembro participante de los nuevos acuerdos para obtención de préstamos del FMI" y que "se autoriza la ratificación de la cuarta enmienda al convenio consultivo del FMI", que supone una asignación especial de derechos de giro. Aunque el PSOE respalda el fondo del asunto, estima que, desde el punto de vista formal, el Gobierno se ha atribuido funciones que no le corresponden "lo que es muy grave", según la diputada Teresa Fernández de la Vega, que recuerda que es la primera vez que esto ocurre en el Parlamento. "Se habría evitado si hubiera seguido los trámites legales ya que iba a contar con amplia mayoría". En caso de no ser atendida en un mes su propuesta, hechas en las dos Cámaras, amenaza con presentar recurso de inconstitucionalidad.

El PSOE basa sus propuestas en la Constitución, que en el artículo 94.1 sostiene que "la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales" en varios casos, entre ellos los "que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública" (apartado d). También se basa en los artículos 155 a 160 del Reglamento del Congreso de los Diputados y 144 a 147 del del Senado, que se remiten al citado artículo de la Constitución y recogen, entre otras diligencias, que "el Gobierno solicitará de las Cortes Generales la concesión de dicha autorización mediante el envío previo al Congreso del correspondiente acuerdo del Consejo de Ministros". El PSOE sostiene además que "la solicitud del Gobierno no puede adoptarse mediante un decreto-ley" y que "la autorización que constitucionalmente se atribuye a las Cortes no supone un acto legislativo, sino un acto previo de control".

Fuentes del Gobierno aseguran, no obstante, que se envió a las Cortes la propuesta "para autorizar la cuarta enmienda a efectos de lo previsto en la Constitución" tras su reunión del 31 de julio de 1998 y que "ha pasado la ponencia de la Comisión de Exteriores del Congreso estando a la espera de su dictamen". Pero aún no ha pasado por el pleno. De acuerdo con ello, "el Gobierno ha cumplido los trámites", según Fernando Díez Moreno, subsecretario de Economía. "Lo que hace el decreto-ley es autorizar al Gobierno para acudir a las peticiones del FMI cuando lo requiera, de manera que se puede ejecutar sin perjuicio de que el real decreto-ley en la convalidación en el Congreso pueda tramitarse como proyecto de ley", dice. Y añade que la aprobación por el Gobierno se anticipó a la del Parlamento por razones de urgencia.

El Gobierno se sustenta, entre otros informes, en el dictamen del Consejo de Estado, que justifica que "la intervención de las Cortes -en definitiva, su autorización- queda garantizada desde el momento en que el Real Decreto-Ley tiene que sometido a las mismas para su convalidación o su ulterior tramitación y aprobación como proyecto de ley".

Para Juan José Laborda, portavoz socialista en el Senado que lo califica de "estrépito jurídico", el organismo "ha metido la pata". "Si convalida el Congreso, no pasaría por el Senado como requiere la Constitución; y si se tramita como proyecto de ley enmendaría un tratado internacional, cosa que no puede hacerse". Se trata de "defender la esencia del Parlamento, aunque la propuesta sea de sentido común, y ésta lo es".