El Gobierno envía 12 inmigrantes cada quince días desde Ceuta a Valencia y luego los expulsa, según CC OO

En el sindicato CC OO estaban sorprendidos por el goteo incesante de inmigrantes africanos que, desde mediados de septiembre, se vienen acercando a su sede en Valencia en busca de ayuda. Con un francés o un castellano rudimentario, relatan que la Policía les trasladó desde su hacinamiento en el centro de inmigrantes de Ceuta al Centro de Internamiento de Extranjeros en la calle de Zapadores de Valencia. Cuentan que a los pocos días de estar en Zapadores les notificaron un auto de libertad de un juez de Ceuta y otro decreto de expulsión dictado por el delegado del Gobierno en esta ciudad norteafricana. Al final, los sindicalistas contactaron con los responsables de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación del Cuerpo Nacional de Policía que, según ellos, les confirmó la existencia de un plan del Ministerio del Interior para descongestionar el centro de inmigrantes de Ceuta, trasladando a los ciudadanos africanos que se encuentran allí a los centros de internamiento diseminados por la península. También les dijeron que al centro de Valencia le corresponde recibir cada 15 días una remesa de 12 inmigrantes. "Aquí les notifican el decreto de expulsión o les dejan sin autorización de trabajo o de residencia", protesta Javier Botey, abogado de CC OO, "quedan abandonados a su suerte en la calle, sin comida ni lugar donde dormir; esperando hasta que los encuentre la Policía y los expulse". CC OO denuncia que, con este plan, el Gobierno incumple el método de entrada en la península de los inmigrantes concentrados en Ceuta o Melilla. "Desde hace tres años se incluía a estos inmigrantes en los programas de acogida gestionados por las ONG y subvencionados por el Imserso, y sólo viajaban a la península con sus cédulas de inscripción, permisos de residencia y autorizaciones para trabajar", rememora Botey. Ésta debería ser, en su opinión, la única vía de entrada de inmigrantes utilizada por el Gobierno para garantizar que estos inmigrantes "puedan acceder a unas condiciones de vida digna en España, con unos recursos mínimos garantizados".