La manifestación del 12 de noviembre

El pasado 16 de septiembre, los secretarios generales de UGT-PV y de Comisiones Obreras, Rafael Recuenco y Joan Sifre, respectivamente, anunciaron en rueda de prensa a la opinión pública la celebración de una manifestación para primeros de Noviembre a la que todos aquellos que pensamos que España no va tan bien y, sobre todo, que puede ir mejor, estamos convocados. Por una mayor creación de empleo por parte de quienes son los mayores empleadores -la Administración-, por una drástica reducción de la precariedad en el empleo -una de las más altas del Estado español-, contra la terrible lacra de la siniestralidad laboral, por la reducción de la jornada ligada al reparto del empleo -como en Francia, Italia o Alemania que apuestan legislando por la semana de 35 horas-, contra los recortes del Estado de bienestar -en un país que todavía está en la cola de los países comunitarios en cuanto a la protección social-, y por la ampliación de la cobertura de desempleo, se ha convocado esta manifestación. No es verdad, como se ha querido trasladar interesadamente por los medios de comunicación en manos del gobierno del PP, tanto en nuestra Comunidad como en Madrid, que no haya alternativa a la política liberal-conservadora que se nos aplica. Tampoco es cierto que la solución al déficit público, la competitividad o las deficiencias de su adorado mercado se resuelvan desprotegiendo a los más débiles y llenando, aún más, el bolsillo de los más ricos. En una economía como la española, que crece -como el resto de países europeos- merced a la coyuntura del ciclo económico, no es posible permitir que el esfuerzo de los trabajadores en moderación salarial, aumento de la productividad y capacidad de concertación, para sacar adelante reformas tan importantes como el pacto de pensiones o acuerdos como la estabilidad en el empleo, se vea malversado por medidas tan insolidarias como el medicamentazo o la reforma del IRPF que supone que se reduzca la aportación al Estado de los más ricos y este regalo se compense mediante el aumento de los impuestos indirectos, es decir, los que pagamos todos en igual cuantía independientemente de cual sea nuestro nivel de renta, o reduciendo las prestaciones en desempleo, sanidad o educación. Por el contrario, es el momento de atajar la altísima precariedad laboral, que en sectores como el metal y la construcción superan el 40% y se cobran decenas de vidas humanas ante la pasividad cómplice de la Administración autonómica. Es el momento de abordar con serenidad, pero con firmeza, la reducción de la jornada laboral como fórmula de reparto del empleo, porque no basta ya con repartir la riqueza que la sociedad genera mediante el establecimiento de un verdadero Estado de bienestar, es necesario, además, permitir el acceso al mercado de trabajo de quienes desean trabajar evitando la marginación y la exclusión social. Es el momento, en definitiva, de decir pacífica, civilizada y democráticamente que no compartimos el optimismo de sus proclamas y que su responsabilidad, por su condición de gobernantes pero sobre todo de empleadores, es máxima. Una Administración que supera el 30% de precariedad en su contratación, que usurpa la negociación colectiva de los funcionarios imponiéndoles la congelación salarial, o el mero incremento de inflación prevista en el mejor de los casos, que deteriora con su política de privatizaciones la calidad de pilares tan fundamentales como la sanidad o la educación, o que permite, cuando no fomenta, la ineficiencia de la Inspección de Trabajo en el control de la seguridad y la salud en el trabajo, es una Administración que nos invita a manifestarnos el próximo 12 de noviembre a todos los que creemos que la justicia social y la solidaridad es el principal objetivo de la política. Por ello, junto a los partidos políticos valencianos progresistas, a los que las organizaciones convocantes hemos pedido su implicación, nos movilizamos.