El motor de la investigación

"Al encontrarnos ante la existencia de un presunto hecho delictivo, será conveniente que se proceda a la apertura de diligencias en la jurisdicción penal". No hay marcha atrás. Las vicisitudes padecidas por las diversas investigaciones (administrativas o judiciales) en relación con la gestión de José María Jiménez de Laiglesia y Luis Espinosa al frente de la patronal valenciana habían dejado las pesquisas en vía muerta, pero el contundente dictamen del Tribunal de Cuentas devuelve el asunto a los tribunales, que decidirán si la patronal cometió delito en la gestión de los fondos de formación. El informe del Tribunal de Cuentas considera que la CEV recaudó entre subvenciones públicas e ingresos adicionales (cobro supuestamtente ilegal de matrículas a los alumnos de los cursos) más dinero de lo que costaba la formación que daba. Además, afirma que hinchó los gastos de los centros beneficiarios de las subvenciones y sobrepasó la partida de gastos de difícil justificación. En total, el tribunal estima que la CEV debe devolver 191 millones de pesetas, parte de la cantidad que recibió entre 1993 y 1995 como integrante de la Fundación para la Formación Continua. Un vocal del organismo opina que la investigación debería extenderse a la patronal en Alicante y Castellón. La justicia se dispone a investigar los hechos descritos por el Tribunal de Cuentas. Jiménez de Laiglesia y Espinosa guardan silencio.