Un debate inexcusable

El Senado es una cámara que fue mal diseñada por el constituyente y que continuamos sin saber muy bien para qué sirve. No es una institución nociva, pero es poco lo que podemos decir de ella en positivo. Justamente por eso, siempre que se ha hablado de reformar la Constitución, en lo primero que se piensa es en el Senado. Convertir la segunda Cámara en la institución a través de la cual las comunidades autónomas participen en la manifestación de la voluntad del Estado es una exigencia que se ha venido avanzando a medida que se imponía en la práctica el Estado de las Autonomías. Desde finales de los años ochenta, se iniciaron trabajos en el interior de la Cámara para explorar las reformas que se tendrían que introducir para adaptar el Senado a la nueva estructura del Estado resultante de la aprobación de los diecisiete estatutos de autonomía. Se propusieron reformas reglamentarias, a fin de que la vida de las comunidades autónomas pudiera penetrar en el Senado y se empezó a pensar en una futura reforma de la Constitución. Piedra angular de ese proceso de adaptación del Senado a la estructura del Estado era el Debate sobre el Estado de las Autonomías, que debería celebrarse anualmente en otoño con la intervención del presidente del Gobierno de la nación y de los presidentes de las comunidades autónomas. Sería una suerte de complemento del debate sobre el estado de la nación que tiene lugar en el Congreso de los Diputados en primavera, y en el que, por lo general, la perspectiva autonómica queda desdibujada o se utiliza casi exclusivamente como arma arrojadiza. Llevamos ya dos años sin que se celebre dicho debate. Y no parece que vaya a haberlo tampoco este año. En un momento en el que el debate sobre la estructura del Estado domina la vida política, resulta que la Cámara que institucionalmente debe ser la expresión de dicha estructura del Estado se queda fuera de juego. La cerrazón de la segunda Cámara está llegando al extremo de recurrir a la interpretación más restrictiva de las posibles del reglamento para evitar que pueda celebrarse el debate que ha sido solicitado por el presidente de la Junta de Andalucía sobre el futuro de la Constitución. La reacción del presidente del Senado ha sido literalmente incalificable. Tildar una iniciativa como esta de "desestabilizadora", lo único que puede hacer es alimentar las dudas de los ciudadanos sobre la propia institución que preside. Si hablar en el Senado, de manera ordenada y a propuesta de un presidente de una comunidad autónoma, de lo que se está hablando en el país, resulta "desestabilizador", entonces ¿para qué sirve dicha Cámara? ¿Cuándo va a considerar el presidente del Senado que es oportuno un debate sobre la estructura del Estado? Y eso sin tomar en consideración que los parlamentos están para que se debata lo que quiere el Gobierno, pero también la oposición.JAVIER PÉREZ ROYO