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La Generalitat coordina las plataformas pro selecciones catalanas

El Gobierno central considera un error promover este tipo de combinados

La Generalitat de Cataluña desea coordinar el discurso de las diferentes plataformas que intentan el reconocimiento internacional de las selecciones catalanas, aunque sin que ello suponga una política intervencionista.

Pere Sust, secretario general de Deportes de la Generalitat, explicó, en declaraciones a Efe, que es preciso aunar esfuerzos en el mismo sentido y coordinar una línea de trabajo común. Sust propondrá una reunión entre los responsables de los diferentes grupos, en el que participarían David Moner, presidente de la Unión de Federaciones Deportivas de Cataluña (UFEC), Jaume Llauradó, quien encargó el informe Dupont, así como los responsables de una plataforma pro selecciones catalanas existente en Tarragona, además del comité olímpico de Cataluña.

No interferir

"No se trata de dirigir el discurso ni de interferir iniciativas ciudadanas", insistió Sust, quien recientemente se reunió con los representantes de la UFEC para tratar sobre las propuestas de modificación de la Ley del Deporte.La ambición por contar con selecciones catalanas que compitan a nivel oficial ha cobrado un nuevo impulso desde que se difundió la existencia de un informe del abogado belga Jean Louis Dupont, que entre otros se encargó del famoso caso Bosman, y en el que deja constancia de que algunas federaciones internacionales dejan abierta la posibilidad de admitir como miembros de pleno derecho a las federaciones aunque las áreas geográficas a las que pertenecen no sean reconocidas por la ONU.

Por su parte, el portavoz del Gobierno, Josep Piqué, afirmó, tras el Consejo de Ministros celebrado ayer en Madrid, que la promoción de iniciativas en favor de la creación de selecciones deportivas catalanas "constituye un error para los deportistas y para el propio deporte catalán". Piqué explicó que el Gobierno central no se pronunciará sobre una iniciativa que aún no se ha concretado y precisó que, cuando llegue ese momento, el ejecutivo hará la aproximación jurídica correspondiente y la recurrirá si considera que atenta contra el marco constitucional, como ya hizo con la ley del deporte vasco.

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