Los vecinos de un pueblo de Cádiz cumplen dos años aislados y anuncian movilizaciones

Desde que en noviembre de de 1997, las lluvias destrozaran el único puente que unía Algar con el exterior, una barcaza y una camino de tierra de cuatro metros de ancho que se desdibuja con las lluvias son las opciones que tienen los 2.000 habitantes de este pueblo de la serranía de Cádiz para salir. Pero Algar no es El Ferrol, ni el Puente de Picao es el de As Pías. Los gallegos restablecieron sus comunicaciones en un tiempo récord gracias a la inversión de miles de millones de pesetas. Los algareños llevan más de dos años aislados y nos vislumbran la solución a sus problemas.

Han transcurrido dos años y poco se ha hecho. Y lo peor que el alcalde, Manuel Garrido (PSOE) no se imagina a sus conciudadanos manifestándose, ni tampoco en fregados reivindicativos. "Aquí sólo hay gente noble, acostumbrada a perder históricamente", lamenta el primer edil algareño -que es el ATS del pueblo- quien en 1992 fue, porcentualmente, el alcalde más votado de España. De 11 ediles posibles los obtuvo todos. Pero ahora avisa: "No aguantamos más y si no nos responden van a comenzar los cortes de carreteras y lo que haga falta". Fue en noviembre de 1997, en medio del periodo de fuertes lluvias que sacudió a Andalucía, cuando el embalse del Guadalcacín, el segundo pantano más grande de la región, con una capacidad de almacenamiento de 800 hectómetros, se inundó y empezó a soltar agua. Todo a su alrededor quedó sepultado a diez metros de profundidad bajo la marea. Enlace sumergido El Puente de Picao, que es el enlace del pueblo con la carretera provincial 521, forma hoy parte del paisaje submarino de las primeras estribaciones de la serranía gaditana. Al igual que la CA-503, que antes comunicaba Jerez y Cortes de la Frontera y que hoy contribuye a crear el esqueleto de una suerte de Atlántida serrana. Para salir del pueblo quedan dos opciones: atravesar una carretera de tierra de cuatro metros de anchura -un trazado provisional que se desdibuja con las lluvias y que impide la circulación de dos vehículos a la vez en sentido contrario- o montarse en la barcaza de Los Cristóbal. A razón de 150.000 pesetas diarias que paga la Confederación Hidrográfica del Gudalquivir, los barqueros sanluqueños permiten que unos 200 jornaleros salven a diario los tres kilómetros de laguna que generaron las inundaciones entre Algar y el Ventorrillo del sapo. O eso, o rodear la sierra: El Bosque, Ubrique y Puerto Gáliz, para recorrer 80 kilómetros camino de la tarea agrícola de cada día. Muchos algareños lo hacen, en ciclomotores de pequeña cilindrada. "Antes tenían que recorrer 10 kilómetros. Ahora se gastan el sueldo en gasolina", enfatiza Garrido. El pequeño comercio de Algar atraviesa sus peores momentos: los vecinos se sienten abandonados. El panadero de El Tempul cerró la tahona pocos meses después de las inundaciones. Dejó en la calle a sus ocho trabajadores y denunció a la CHG, responsable del pantano. El Ayuntamiento de Jerez ha habilitado un todoterreno para recoger a diario a nueve escolares que viven en la finca La jarda y que estudian en San José del Valle. El autobús escolar no puede adentrarse ya en estas latitudes. Esa es la rutina que según el alcalde algareño ha provocado la "falta de voluntad política". Recrimina al Ministerio de Medio Ambiente que haya destinado 60 millones de pesetas para las obras necesarias -el nuevo puente de Picao está terminado en junio de 1999- pero que, en realidad, "se destinarán a pagar el alquiler de la barcaza", que ha sido subcontratada a través de una empresa de Sevilla. Miguel Osuna, subdelegado del Gobierno en Cádiz, explicó ayer que el problema radica en la falta de acuerdo entre la CHG y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta para elegir entre los tres trazados presentados para la nueva carretera