Barrionuevo declarará como imputado por la muerte de una etarra

El ex ministro del Interior José Barrionuevo deberá comparecer para declarar como imputado el próximo 3 de noviembre en un juzgado de San Sebastián por su presunta relación con el caso Lucía Urigoitia, la activista de ETA que murió en Pasaia (Guipúzcoa) en 1987 en el transcurso de un enfrentamiento con la Guardia Civil.

Barrionuevo, quien cumple condena de 10 años de cárcel por el secuestro de Segundo Marey, la primera acción reivindicada por los GAL, será trasladado desde la prisión de Guadalajara hasta el Juzgado de Instrucción número 2 de San Sebastián para comparecer ante el juez a las 10.00 horas de ese día. El Tribunal Supremo ha devuelto recientemente el sumario al instructor de San Sebastián una vez que la condena de Barrionuevo le hizo perder su condición de aforado.

En 1997, el juez Justo Rodríguez ordenó la reapertura del caso Urigoitia debido a que en unos documentos desclasificados del Cesid se involucraba a Barrionuevo en un presunto intento de ocultar pruebas.

Cambio de pruebas

En el citado escrito se dice que agentes de la Guardia Civil entraron en 1987 en el domicilio del magistrado Juan Piqueras, quien en esas fechas investigaba la muerte a tiros de la etarra y residía en una vivienda en el Palacio de Justicia de San Sebastián, para manipular algunas pruebas y simular que Lucía Urigoitia falleció en un tiroteo , como sostiene la versión oficial, y no al recibir un disparo en la cabeza realizado a corta distancia por un agente, como defiende la acusación particular.La muerte de Lucía Urigoitia, según la versión sostenida oficialmente, se había producido a consecuencia de un cruce de disparos entre los guardias civiles que entraron en la vivienda en la que se encontraban los miembros del comando Donosti y la activista de la banda armada.

Este relato de lo sucedido provocó serias dudas en diversos sectores de la sociedad vasca e incluso el entonces ministro del Interior, José Barrionuevo, tuvo que comparecer en el Congreso para explicar todas las circunstancias que rodearon la desarticulación de ese comando terrorista.

Los miembros del equipo judicial que en 1987 investigaron la muerte de Urigoitia apreciaron lagunas en la versión oficial.

Los informes de los médicos forenses que practicaron la autopsia afirman que la bala que mató a la activista de ETA fue disparada con "el cañón del arma prácticamente tocando la piel".

En la nota del Cesid se dice que el entonces comandante de la Guardia Civil José Ramón Pindado fue el que realizó la manipulación de pruebas y que la información era conocida por "el presidente del Gobierno, ministro del Interior, Rafael Vera [entonces secretario de Estado para la Seguridad y ahora también en prisión por el secuestro de Segundo Marey] y alguna persona más".