Crisis en Ajuria Enea, acuerdo en Lizarra

La firma el 12 de enero de 1998 del Acuerdo para la Pacificación y la Normalización pasará a la historia de Euskadi como el momento en el que la sociedad vasca manifestó su más firme e incondicionado rechazo a la violencia de ETA. Pero no fue ésta su principal aportación. Mucho antes de su firma la sociedad vasca se estaba movilizando contra la violencia, convocada por el propio Gobierno vasco, los ayuntamientos, partidos y sindicatos y organizaciones pacifistas. La aportación más importante del Pacto, la que nadie ha podido suplir tras su entrada en crisis, fue el descubrimiento de que en toda sociedad hay cuestiones fundamentales que no pueden resolverse mediante ese mecanismo democrático que es la suma de votos, sino que requieren un consenso básico.Desde el principio, el Pacto se vio sacudido por las tensiones. Pero ninguna podía hacer sombra al brillo alcanzado por la Mesa de Ajuria Enea. Como ocurre con los planetas, ese brillo era reflejado. En un primer momento, el foco que iluminó la Mesa fue la decisión de los partidos firmantes de cimentar un espacio de consenso con los materiales de la tolerancia, el reconocimiento de la diferencia, el respeto a la realidad y la confianza mutua. Muy pronto, esta fuente de luz empezó a fallar. Sin embargo, durante un tiempo, la actividad terrorista de ETA actuó como foco alternativo y perverso, pero que hacía que la Mesa se mostrara ante la ciudadanía como la única institución política de referencia frente a la barbarie. Pero la Mesa de Ajuria Enea empezó a desmoronarse en 1993 cuando sus dos elementos fundamentales, la apuesta por la reinserción frente a la negociación y la opción por el consenso, empezaron a ser cuestionados. Primero con planteamientos del Gobierno socialista hacia ETA y HB que bien podían interpretarse como una oferta de negociación. Por entonces se iniciaba también el proceso de paz en Irlanda y empezaban ya los viajes a Dublín de delegaciones nacionalistas. Es el año de la vía Ollora.

La negociación, ese concepto que parecía haber decaído del vocabulario político vasco, renacía con fuerza. ¿Tal vez porque había quienes pensaban que había que aprovechar un momento en el que el MLNV parecía más debilitado que nunca? Por fin, en el verano de 1994 el Partido Popular se embarca en una empecinada campaña de cuestionamiento de la política de reinserción, provocando un conflicto de interpretaciones sobre el texto del Pacto.

Segunda fase y ruptura

Todo esto fue configurando la idea de una nueva fase, que estaba explícitamente recogida en el acuerdo para la formación del Gobierno de coalición PNV-PSE-EA de diciembre de 1994. En septiembre de 1995, el lehendakari abre una ronda de consultas para estudiar la posibilidad de superar el aislamiento de HB, abriendo una nueva estrategia de diálogo con la fuerza radical. Se había entrado, cuando menos subjetivamente, en una fase resolutiva. Para terminar con la violencia era preciso desarrollar determinados temas, especialmente los referidos al derecho de autodeterminación y a la dispersión de los presos. Y para sacar adelante esos temas era preciso sumar votos, ya que no era posible sumar voluntades. El consenso se volvía disfuncional.Eran los tiempos de la propuesta sobre derechos históricos de Jesús Eguiguren, por lo que la respuesta del PSE a la posibilidad de iniciar esta nueva fase fue positiva. No así la del PP, que mantiene una oposición total a cualquier iniciativa de diálogo con el MLNV. El Pacto, de hecho, se había roto. Considerando imposible "acordar iniciativas novedosas desde la unanimidad", cada cual quedó libre de tirar por su lado. No era posible hacer conjuntamente más que rechazar la violencia.

Sin embargo, no es hasta febrero de 1997 cuando se oficializa la idea de que la Mesa debe iniciar esa segunda fase. En esa fecha, el lehendakari Ardanza presentó a los partidos un documento en el que, tras constatar el acuerdo en el rechazo activo de la violencia, manifestaba la existencia de discrepancias a la hora de diseñar las medidas para lograr su definitiva superación. Con tal fin, los partidos anunciaban su voluntad de "iniciar una nueva fase de trabajo en esta Mesa" con el objetivo de superar sus discrepancias, reforzar el consenso democrático y, sobre todo, llegar a concretar "desde el consenso recuperado y a partir de los principios del acuerdo de Ajuria Enea y de las declaraciones que lo han desarrollado hasta ahora, el proceso que debería conducir a ese arreglo razonable y democrático que, mediante el diálogo, sea capaz de superar la actual situación de violencia". Muy pronto se constató que, más allá de las primeras declaraciones, la Mesa de Ajuria Enea había quedado definitivamente desactivada.

Y así se llega a los últimos dieciséis meses en los que la propuesta de iniciativas de paz se ha multiplicado hasta el infinito, todas ellas caracterizadas por seguir la misma pauta de legitimación: la búsqueda de mayorías sindicales, sociales o políticas, aunque sea por la mínima diferencia. De Ajuria Enea se había llegado a Lizarra.