El filo de la navaja

Tras dos semanas de vacilaciones y desconcierto, el presidente del Gobierno expuso finalmente el pasado viernes las líneas iniciales de un programa -todavía vago e impreciso- para dar respuesta operativa a la tregua declarada por ETA el 16 de septiembre; tal y como le habían exigido los dirigentes socialistas, Aznar ha asumido el liderazgo de la situación como jefe del Ejecutivo y ha pedido el respaldo a las fuerzas democráticas. Queda por ver si la responsabilidad compartida ofrecida por Aznar a los grupos parlamentarios es aceptada sin dobleces por sus interlocutores. Los socialistas tan sólo tendrán que renunciar a la seductora tentación de hacer pagar al PP -como gobierno- su desleal, cruel e irresponsable labor -como oposición- durante la anterior legislatura. Los partidos nacionalistas (socios parlamentarios de los populares) y la Izquierda Unida de Julio Anguita (aliado oculto de Aznar), sin embargo, dificilmente abandonarán su posición de ventaja. La propuesta del Gobierno a las fuerzas democráticas para distinguir nítidamente entre la tregua de ETA y la reforma de la estructura territorial del Estado es sólo un gesto bienintencionado: no existe una muralla de China entre la renuncia definitiva a la violencia de la banda terrorista y las exigencias nacionalistas de iniciar una segunda transición para desembocar en el reconocimiento del derecho a la autodeterminación de Cataluña, el País Vasco y Galicia.Sabemos por una información publicada anteayer por EL PAÍS que la dirección de ETA comunicó a los promotores de la Declaración de Estella su acuerdo de principio con las líneas directrices del texto algunos días antes de que PNV, EA y HB lo firmaran públicamente el 12 de septiembre. Las similitudes entre el documento de Estella y la propuesta hecha hace unos meses por el lehendakari Ardanza a los partidos vascos del Pacto de Ajuria Enea ponen de relieve que los tactos de codos del mundo nacionalista con ETA son antiguos. En un alarde de inconsecuencia lógica y de mala fe, algunos portavoces del PNV explican el indeseado surgimiento del frente nacionalista de Estella como la desgraciada consecuencia del previo rechazo por el PP y el PSOE del plan Ardanza. Es evidente, sin embargo, que los dos partidos constitucionalistas mayoritarios en el Congreso y el Senado no podían sumarse a las propuestas de Ardanza o de Estella, orientadas ambas a confiar al parlamento de Vitoria (con el posterior refrendo obligado y simbólico de las Cortes Generales) una modificación del ordenamiento constitucional capaz de dar satisfacción a las reivindicaciones presentadas por los nacionalistas (moderados o radicales) como condición sine qua non para erradicar el terrorismo.

De añadidura, la resurrección de la Galeuzka de 1933, teatralizada este verano a través de las reuniones celebradas por los representantes de CiU, PNV y BNG en Barcelona y Vitoria, ha exportado el programa de revisionismo constitucional y de reconocimiento del derecho de autodeterminación desde el País Vasco (donde aparece vinculado al horizonte de la definitiva desaparición del terrorismo) hasta las dos principales fuerzas nacionalistas de Cataluña y Galicia. Ese frente nacionalista ampliado podría imposibilitar la acción conjunta de responsabilidad compartida, ofrecida por Aznar a las fuerzas democráticas para acabar con la violencia en el País Vasco, en el caso de que PNV, CiU y BNG se aprovechasen de la situación para exigir un alto precio -lindante con la extorsión- por su colaboración.

La contradictoria política territorial de Anguita, que combina el fundamentalismo de los orates con el oportunismo de los pícaros, ya se hizo patente con el apoyo de IU a la Declaración de Estella. Aznar tendrá que caminar, así pues, por el filo de la navaja si quiere aprovechar las oportunidades -indudables- ofrecidas por la tregua de ETA sin tener por ello que ceder a unas exigencias de reforma constitucional carentes de apoyo mayoritario; cualquier otra solución implicaría una justificación retrospectiva de la barbarie terrorista de ETA, convertida de esta manera en ejemplo a imitar por cualquier minoría violenta resuelta a arrancar al Estado de Derecho y al sistema democrático la satisfacción de aquellas demandas que el peso de los votos no permite obtener en las urnas.