Jueces para la Democracia apoya el traslado de etarras a cárceles de Euskadi

El 13º congreso de Jueces para la Democracia (JpD), iniciado ayer en Toledo, aprobó el compromiso de la asociación judicial progresista y minoritaria con el proceso de paz abierto por la tregua de ETA, que "apoya rotundamente", según el documento del secretariado saliente defendido por el todavía portavoz, José Antonio Alonso, y aprobado sin votos en contra. También defiende el acercamiento de los presos etarras a Euskadi como una respuesta "muy generosa" e "inteligente" del Estado.La nueva situación creada en el País Vasco fue invocada por Ramón Sáez, actual vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para pedir actitudes de distensión en favor de la paz y aplicables también a JpD, traumatizada por el abandono de 19 de sus 29 asociados de esa comunidad por la polémica sobre el uso judicial del euskera. En los pasillos se hicieron esfuerzos para suavizar las conclusiones de la ponencia, discutida ayer, sobre los "derechos y deberes del juez frente a la cooficialidad lingüística en el Estado de las autonomías".

Varios magistrados, con especial énfasis Javier Martínez Lázaro, pidieron que regresen los que se han ido y que se solucionen los problemas sin fracturas de la asociación. Del mismo modo, Alonso declaró, frente a lo señalado el domingo pasado por Xabier Arzalluz, el presidente del PNV, que "los vascos caben en la Constitución, que estableció un sistema de libertades del que todo el mundo se ha beneficiado". El portavoz saliente estimó que la tregua de ETA ha sido la mejor noticia de los últimos 20 años y exhortó a los políticos a que continúen distinguiendo el proceso de paz de las cuestiones como la independencia o la soberanía. "Vincular una cosa y otra lo arruinaría", aseguró. En su informe de gestión, Alonso pidió un mayor compromiso del CGPJ y relató los esfuerzos inútiles de JpD frente a una ministra de Justicia, Margarita Mariscal, carente de peso político y vinculada a intereses corporativos que le impiden, según dijo, dar prioridad a la justicia como servicio público a los ciudadanos. Asimismo, criticó la actitud del Gobierno y del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, frente a "los desmanes de un grupo de fiscales de la Audiencia Nacional" -los indomables- y en la pelea contra el Grupo PRISA. Tampoco ahorró críticas a la oposición socialista por acusar de prevaricación a los magistrados del Tribunal Supremo que dictaron la sentencia del caso Marey.