Los inspectores educativos rechazan el modelo organizativo de la Generalitat por retrógrado
El proyecto de decreto del Gobierno Valenciano sobre la organización y función de los inspectores educativos ha provocado el rechazo, prácticamente unánime, de los funcionarios de este nivel. En un exhaustivo informe la Asociación de Inspectores de Educación del País Valencià (ADIDE), manifiesta su "profunda preocupación" por un modelo de inspeccción que, lejos entender "la función inspectora como un servicio básico de supervisión y evaluación del sistema educativo al servicio de los ciudadanos", se basa "en el bienestar particular de colectivos residuales del actual servicio". En la práctica, la asociación se opone a un sistema organizativo que no se adecua a la reforma educativa LOGSE.
El proyecto de decreto -a juzgar por la reacción que ha provocado entre la asociación de profesionales de la inspección- llega tarde y mal; ya que hace más de tres años que se publicó la Ley de bases que debía haber servido para abordar la revisión de la organización y el funcionamiento de este nivel de funcionarios, en pleno desarrollo de la reforma educativa LOGSE. La propuesta de decreto elaborado unilateralmente por la Administración está provocando "malestar" y "preocupación por un proyecto que retrotae a épocas pasadas" entre los profesionales de la inspección. A la luz de los planteamientos oficiales, ADIDE demanda "la necesaria revisión del proyecto para adecuar la inspección al nuevo sistema educativo, con perspectivas al siglo XXI". La primera regla de oro, según entienden los inspectores educativos asociados, pasa por la elaboración de un reglamento que sea fruto de un "amplio consenso", que esté claramente orientado "al interés general del servicio de inspección" y que se mantenga alejado del "interés particular de un colectivo minoritario de inspectores". Cualquier decreto que se apruebe -precisa ADIDE- debe ser fruto del "consenso" y debe de "garantizar una situación profesional que facilite al máximo el ejercicio de la función inspectora". Para ello, la carrera administrativa de los inspectores educativos tiene que estar basada en "garantías de objetividad, capacidad, publicidad y mérito en el procedimiento". En la práctica, se trata de fijar criterios transparentes para evitar los nombramientos discrecionales. Un asunto que a finales de junio cobró relevancia ante la denuncia del STEPV, que cifraba en 56 "los puestos de trabajo ocupados por inspectores nombrados discrecionalmente". ADIDE propone "una organización basada en una concepción de cuerpo de inspección único e integrado", organizado por circunscripciones y no por niveles educativos [como propone la Generalitat] y cuyo acceso a los puestos de responsabilidad (jefe de servicio, inspector jefe, secretario, coordinador de circunscripción) se abra a todos los inspectores de Educación con destino definitivo. Asimismo plantea que los concursos de traslados garanticen la movilidad de los inspectores en todo el Estado o en la Comunidad, dependiendo de la convocatoria; y que exiga el conocimiento de la lengua valenciana para el acceso a la inspección en la Comunidad Valenciana.
Democracia y transparencia en la integración de los tribunales
Los requisitos de acceso al cuerpo de inspectores de Educación y la elección e integración del tribunal son dos de los puntos que han causado más escozor en la asociación de inspectores ADIDE. El coletivo "rechaza que las especialidades tengan correspondencia con las etapas del sistema educativo". Esto es, Infantil y Primaria, Secundaria, Formación Profesional de grado superior y Enseñanzas de régimen especial. Los profesionales de la inspección entienden que para acceder al cuerpo hay que acreditar una experiencia mínima de diez años como docente en cualquiera de los centros y niveles que integran el sistema educativo; poseer el título de doctor, licenciado, ingeniero o arquitecto; y acreditar el conocimiento del valenciano. Pero en ningún caso aceptan la segregación por niveles educativos, ya que consideran que "el cuerpo de inspección es un cuerpo único". Respecto a la integración del tribunal, mientras la Generalitat propone que esté constituido por un presidente y un secretario, ambos nombrados por Educación, y tres vocales elegidos por sorteo; ADIDE rechaza tajantemente que el secretario sea designado por la consejería. "Queremos que sea un vocal más elegido por sorteo, como en cualquier otro tribunal", precisa. En definitiva, piden medidas que garanticen la transparencia y democracia del acceso al cuerpo de inspectores.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
