El fiscal investiga la relación entre UNL y contratas del "Proof Spirit"

El fiscal encargado de investigar las causas del accidente acaecido a bordo del Proof Spirit, el barco botado en Valencia en cuya construcción fallecieron 18 trabajadores, ha solicitado la práctica de nuevas pruebas que contribuyan a esclarecer la organización y el reparto del trabajo establecido entre Unión Naval de Levante (UNL) -la firma encargada de armar el carguero- y todas las empresas subcontratadas para ejecutar diversas partes del buque. Concretamente, la acusación pública ha solicitado al juez que instruye la causa la petición de los documentos que determinan el procedimiento de montaje de las tuberías. Además, el magistrado demandará aquellos certificados que puedan probar la consideración que UNL tenía de las firmas ajenas al astillero que trabajaron en las construcción del buque. La acusación pública pretende así delimitar la responsabilidad de cada una de las compañías en el siniestro registrado el 3 de julio de 1997. Los informes periciales de la tragedia apuntan a que una fuga de combustible, provocada por un supuesto defecto en una tubería, desencadenó la deflagración. Según fuentes cercanas al caso, UNL descarga la responsabilidad del diseño y ejecución de esa infraestructura del buque, y por tanto, del siniestro, en una subcontrata, Insertank. El fiscal pretende ahora aclarar el grado de autonomía que la empresa asturiana, varios de cuyos operarios han prestado declaración como imputados, tenía a la hora de cumplir su cometido. Las declaraciones de los trabajadores de la firma de Avilés contradicen la línea de defensa de UNL: Insertank, como el resto de subcontratas, trabajó bajo la dirección y supervisión de los técnicos del astillero, por lo que no se le puede responsabilizar del siniestro. Retraso de una pericial Además, la investigación intentará determinar el grado de confianza que UNL tenía en Insertank y el resto de subcontratas. Según las fuentes antes mencionadas, la compañía naviera habría intentado desacreditar a estas empresas con un argumento: el desconocimiento de su reputación en el ramo. El astillero podría tener varios documentos que probarían el prestigio de estas compañías subsidiarias, y esa es la documentación que los investigadores del caso pretenden obtener. Mientras, la prueba pericial ordenada por el juzgado para determinar el nivel de gasolina que había en el combustible que pudo propiciar la explosión ha sufrido un nuevo retraso. El Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial no ha realizado la prueba a la espera de que se defina con exactitud el objeto de la misma. Esta pericial, calificada de "relevante" por la acusación pública, pretende esclarecer si un porcentaje de gasolina superior al previsto pudo favorecer el accidente. UNL defiende que el combustible -que debía ser, básicamente, gasoil- tenía un nivel de gasolina superior al establecido.