El PP investigará los alquileres del Ayuntamiento de Alicante desde 1979

Serán examinados uno a uno. El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Alicante, Juan Seva, que ayer actuaba como alcalde en funciones, anunció que los ediles del Consistorio ya han recibido la orden de inspeccionar todos los contratos vigentes de alquiler de locales firmados por sus respectivos departamentos desde 1979 hasta hoy. La orden surge un día después de que PSPV y EU manifestaran sus sospechas de irregularidades en el alquiler de la nueva sede de la Mancomunidad de L"Alacantí, que preside el concejal de Juventud, Sebastián Baró. Ambos grupos presentarán mañana ante la fiscalía un escrito donde concretan dichas sospechas. El grupo popular pretende hacer lo mismo: depositar sobre la mesa del fiscal todos aquellos expedientes en los que halle la más mínima sospecha de irregularidad. Juan Seva, tras calificar a la oposición de "carroñera", arremetió contra el PSPV: "Si los socialistas pretenden judicializar la vida municipal, nosotros estamos encantados, porque tenemos las manos limpias, y ellos no pueden decir lo mismo en este Ayuntamiento", dijo. Seva recordó que el 90% de los cerca de 40 contratos de arrendamiento que mantiene el Consistorio "se firmaron y tramitaron en los sucesivos gobiernos socialistas", y aseguró que a partir de 1995, cuando los populares accedieron a la alcaldía, los contratos continuaron efectuándose siguiendo los mismos criterios. "Si los contratos que firmó el PP están mal, los que firmó el PSPV también lo estarán. Acusándonos se acusan ellos mismos", señaló el concejal. Comisión especial El concejal de Nova Esquerra, Pablo Rosser, había pedido esa misma mañana al PP que creara una comisión especial que se encargara de investigar los contratos realizados a partir de 1995. La investigación anunciada por Seva no se realizará por comisión, sino que deberá ser efectuada por las respectivas concejalías. Rosser reveló también la curiosa forma en que la oposición se enteró de la existencia de posibles irregularidades en el alquiler de la sede de la Mancomunidad: a través de un anónimo, que Rosser cree que partió del despacho de un concejal desafecto al alcalde, Luis Díaz Alperi. "Me preocupa que la crisis que se ha abierto en el PP pueda afectar a la gobernabilidad", dijo al respecto Rosser. La estrategia iniciada ayer coincide con la empleada por el presidente de la Diputación de Alicante, Julio de España, que creó una comisión de investigación para estudiar "todos" los expedientes de licencias de obras de la institución cuando el diputado popular Pedro Barrios fue acusado de favorecer a constructoras de La Vega Baja. Aquella comisión se disolvió en julio en agua de borrajas, sin haber logrado esclarecer ninguna de las presuntas irregularidades que se proponía investigar.