La Delegación de Salud no ha autorizado las obras del cementerio de Torremolinos

La Delegación de Salud en Málaga ha hecho una sutil pero contundente advertencia al Ayuntamiento de Torremolinos: las obras de ampliación del cementerio, en pleno centro del municipio, carecen de la preceptiva autorización sanitaria. Los trabajos se reiniciaron hace menos de un mes después de que una sentencia de la Audiencia Provincial desestimara un interdicto interpuesto por los vecinos, pero el proyecto no cuenta con la aprobación definitiva cuya concesión es competencia de la Junta de Andalucía.

La delegación también ha instado al Ayuntamiento a que le remita la documentación complementaria solicitada hace año y medio para determinar si da o no luz verde a la obra. El Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria exige que entre una necrópolis y un núcleo urbano haya al menos 500 metros libres de edificación, requisito que puede obviarse sólo si la administración local prueba que no dispone de otra parcela. Ésos son precisamente los papeles que Salud espera desde marzo de 1997. "Si la documentación no llega, las obras no tendrán autorización; y si llega, la estudiaremos", puntualizó el delegado provincial, Jaime Alonso Oliva. La advertencia de la administración sanitaria se produce en respuesta a un escrito presentado la semana pasada por la comunidad de propietarios de la urbanización La Roca, contigua al actual cementerio, en el que se denunciaba la vulneración de competencias por parte del Ayuntamiento, en tanto la aprobación definitiva de la obra es atribución de Salud. La excepción a los 500 metros libres de edificación -que requeriría el camposanto de Torremolinos por estar ubicado en el mismo casco urbano- ni siquiera es una decisión que pueda tomar la delegación provincial, sino que depende de la Dirección General de Salud Pública de la consejería. El cementerio actual ocupa 800 metros cuadrados y la ampliación es de 3.000 metros cuadrados. El gobierno municipal, del PP, no replica a las críticas. Pero un escrito remitido en marzo de 1997 por el alcalde, Pedro Fernández, a Oliva dejaba clara su postura: "El Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria no prohíbe la ampliación del cementerio en casco urbano, por lo tanto el que pudiera existir en este término municipal otra parcela adecuada para construir un nuevo cementerio, que en todo caso sería decisión municipal, no es obstáculo para la ampliación".