El Gobierno va a estudiar la realidad rural antes de cambiar el PER

El Gobierno central ha dado la orden de posponer las negociaciones que mantiene con UGT y CC OO, para modificar el antiguo Plan de Empleo Rural (PER). El ministerio de Trabajo considera imprescindible conocer la situación real de las zonas rurales, antes de cambiar el PER y el sistema actual de subsidio agrario. Para ello, ha elaborado una serie de encuestas e informes, cuyos resultados analiza una comisión técnica en la que participan responsables del Instituto Nacional de Empleo (Inem) y los sindicatos mayoritarios. En una de estas encuestas, realizadas sobre 300 trabajadores agrícolas, se constata las condiciones en las que se encuentra dicho colectivo. Asuntos como el numero de jornadas anuales realizadas o el porcentaje de empresarios que realizan contrataciones, están siendo investigados para conocer "cual puede ser el previsible comportamiento" y las consecuencias que tendrá en las zonas rurales de Andalucía y el resto de España, una futura modificación del PER y la entrada del sistema contributivo del régimen general de Seguridad Social. Para el secretario general de la federación de la Tierra de UGT y miembro del comité tecnico, Juan Aguilar, el condicionamiento impuesto por el Gobierno central es "lógico" y cuenta con el apoyo de los sindicatos, ya que estas organizaciones también quieren conocer las condiciones en las que se encuentran por jornaleros. Negociar en octubre De las conclusiones que emita la comisión de expertos saldrán las pautas a seguir en la negociación con los sindicatos que podría retomarse a principios de octubre después de haber sido interrumpidas en en julio. Cuando se aplazaron se había logrado un principio de acuerdo para no limitar el derecho al subsidio agrario a los jóvenes menores de 25 años con cargas familiares, a la vez que se intensificarían las políticas activas de empleo -con ofertas en escuelas taller y casas de oficio- para los demandantes de esa edad que no tengan responsabilidades familiares. También se acordó que el mantenimiento del PER fuera compatible con la opción de los jornaleros a optar por el sistema contributivo de la Seguridad Social. La llegada de este sistema de protección, al que pertenecen el resto de los trabajadores acogidos al régimen general de la Seguridad Social, permitiría que los 300.000 jornaleros andaluces y extremeños acogidos al desempleo agrario mantengan sus derechos. Sin embargo, para los sindicatos lo más importante es que 125.000 trabajadores agrícolas adscritos a estas dos comunidades autónomas, que carecen de protección, al igual que otros 180.000 jornaleros del resto de comunidades, podrán contar con unos derechos sin tener que sacrificar la supervivencia del subsidio agrario y el PER. Otro de los asuntos pendientes de negociación es la cuantía del subsidio.