El Ayuntamiento de Pego pagará el proceso contra su alcalde por transformar el marjal

"Que nadie tenga miedo de ir a la cárcel. Quien vaya a trabajar sus tierras tendrá a los abogados y procuradores municipales que les defenderán". El alcalde de Pego, el independiente Carlos Pascual, se dirigió ayer así a los 150 asistentes que acudieron al pleno en el que el Consistorio aprobó costear la defensa de los imputados en el proceso abierto en el Juzgado de Dénia por presuntos delitos contra el medio ambiente en el marjal de Pego-Oliva. Los agricultores siguen cultivando el espacio protegido pese a la orden judicial que exige la paralización de las transformaciones.

El Gobierno local, formado por tres ediles ex miembros de UV y cuatro del PP, acordó que el consistorio se persone en el procedimiento en calidad de "responsable civil subsidiario" y que ejerza "todos los derechos procesales dirigidos a proteger los legítimos intereses de los ciudadanos de Pego". Los miembros de la oposición, PSOE y BNV, decidieron no acudir a la sesión plenaria por entender que la responsabilidad de los delitos es "sólo del alcalde y del resto de implicados en la causa pero no de todo el pueblo". La oposición consideró el pleno como "una provocación" y no asistió para evitar enfrentamientos. El Ayuntamiento de Pego se hará por tanto cargo del coste de los dos abogados y los procuradores que representarán a Carlos Pascual y al concejal de Agricultura, José Orihuel, en el Juzgado de Instrucción número dos de Dénia. La juez les imputa un delito continuado contra el medio ambiente y la flora y fauna del marjal de Pego-Oliva. Asimismo, los letrados defenderán a todos los ciudadanos de Pego, miembros y funcionarios del Consistorio, que se vean implicados en el proceso penal abierto por el incumplimiento del auto de la juez que prohíbe cualquier transformación en el parque. "La justicia no está persiguiendo al pueblo sino a cuatro miembros del Ayuntamiento, por lo que utilizar fondos públicos para pagar su defensa es ilegal y no tiene validez", manifestó el concejal nacionalista Joan Pons. Por su parte, el edil socialista Agustín Selfa consideró el acuerdo de "una aberración al intentar involucrar a todo el pueblo en un proceso judicial que sólo afecta a cuatro personas", y denunció "la incapacidad de la Consejería de Medio Ambiente y de la máxima autoridad de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, para solucionar políticamente" el conflicto de Pego. Durante su intervención, Carlos Pascual utilizó el discurso de siempre para defender el cultivo de arroz y todos los trabajos de transformación que su gobierno ha financiado en el marjal y que cifró en 150 millones de pesetas, aunque la oposición asegura que el gasto supera los 300 millones de pesetas. Según Pascual, "hay una mala intención y muchos intereses urbanísticos" detrás de todas las denuncias que se han hecho contra él y contra el concejal José Orihuel. Los autos que ha dictado la juez de Dénia "persiguen dos cosas", añadió, "quitarnos el agua de Pego y crear en nuestro término una zona de esparcimiento e inutilidad". El alcalde también arremetió contra la Guardia Civil, el secretario general del PSPV, Joan Romero, y el director del parque natural, Vicente Urios, que definió como "un triángulo amoroso" y a los que acusó de "provocar una manipulación sistemática de la opinión pública" contra Pego.