Un juez ve indicios de prevaricación y admite la querella de Gil contra la comisión de Urbanismo

Un Juzgado de Málaga ha acordado incoar diligencias previas al hallar indicios de prevaricación en los 12 miembros de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CPOTU) que el 20 de julio acordaron denegar la revisión del PGOU al Ayuntamiento de Marbella. El titular del Juzgado de Instrucción número 3 estima en los fundamentos jurídicos del auto que admite la querella del alcalde Jesús Gil, que los hechos denunciados podrían revestir "los caracteres de un presunto delito continuado de prevaricación", y cita sentencias del Supremo sobre anomalías en resoluciones administrativas. El juez, en un auto fechado el lunes, ha decidido no admitir parte de los razonamientos del abogado del Ayuntamiento, José Luis Sierra, sobre presuntas motivaciones políticas. Afirma el magistrado que deben "dejarse al margen las consideraciones políticas", al exceder "del marco en que debe desarrollarse la investigación de los hechos denunciados". La admisión a trámite de la querella contra el presidente de la CPOTU, Luciano Alonso, y los delegados de Obras Públicas y Medio Ambiente, Carlos Morales e Ignacio Trillo, entre otros, es para el equipo de gobierno del Grupo Independiente Liberal (GIL) una muestra más del "escrupuloso y estricto respeto hacia la Administración de Justicia" y en defensa de unos intereses que consideran "atropellados, conculcados y vulnerados totalmente". Junto a la tramitación de la querella el Ayuntamiento ha presentado recursos ante la propia CPOTU, a la que solicita la anulación de la resolución de 20 de julio, y ante el consejero de Obras Públicas, en base esta vez a las "anomalías y nulidades detectadas". El GIL ha presentado también dos escritos ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), uno de súplica y otro ordinario, por los que pide la anulación de rechazo al PGOU por "graves contradicciones evidenciadas" y requiere el "alzamiento de la medida cautelar parcial". El Ayuntamiento marbellí señaló ayer en un comunicado que sólo solicita a los Tribunales que se cumpla la ley, que se respete el Estado de Derecho y que las competencias que la Constitución concede a los ayuntamientos "no sean hurtadas por motivos políticos y por tretas que no van a conducir a nada". Por su parte, el consejero de Obras Públicas, Francisco Vallejo, afirmó ayer que la aceptación de la querella "hay que verla desde la más pura normalidad" y no presupone ningún pronunciamiento a favor o en contra de las tesis del demandante, informa Lourdes Lucio.